
El proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, con el que el Gobierno de Javier Milei busca endurecer las sanciones contra quienes participen en la explotación de recursos en las Falklands/Malvinas, no consiguió dictamen en la Cámara de Diputados y no llegará a la sesión especial prevista para el 21 de octubre, según la prensa argentina. La oposición exige dividir un texto que, además de las sanciones, reforma la seguridad, la defensa y la inteligencia.

Argentina solicitó a Interpol notificaciones rojas contra personas vinculadas al proyecto petrolero Sea Lion, al norte de las Falklands/Malvinas, y el Reino Unido pidió a la organización que las rechace por considerarlas “políticamente motivadas”, según informó el diario británico The Guardian. Interpol respondió reafirmando el artículo 3 de su estatuto, que le prohíbe cualquier intervención o actividad de carácter político.

Argentina pidió al Tribunal Internacional del Derecho del Mar que ordene al Reino Unido impedir el desarrollo del proyecto petrolero Sea Lion, al norte de las Falklands/Malvinas, y abstenerse de otorgar nuevos permisos para explotar los recursos de la plataforma continental en disputa, según el comunicado publicado por el tribunal, con sede en Hamburgo. La audiencia se fijará “lo antes posible”.

La ministra británica para los Territorios de Ultramar, Uma Kumaran, acusó el martes al presidente argentino, Javier Milei, de intentar usar a los habitantes de las Falklands/Malvinas “como una especie de instrumento político de cara a las elecciones de Argentina del próximo año”, en una declaración ante la Cámara de los Comunes a la que asistió desde la tribuna el presidente de la Asamblea Legislativa del archipiélago, Jack Ford.

El Gobierno británico afirmó el martes que las medidas provisionales que pueda dictar el Tribunal Internacional del Derecho del Mar son vinculantes y que el Reino Unido cumple sus obligaciones internacionales, el mismo día en que Argentina presentó ante ese tribunal una solicitud para frenar el proyecto petrolero Sea Lion, en aguas de las Falklands/Malvinas. En paralelo, Londres anunció que usará su legislación de protección de intereses comerciales para blindar a las empresas británicas frente a las sanciones argentinas.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este viernes un acuerdo con su homólogo ruso, Vladímir Putin, para que Rusia suministre unos 4,8 millones de toneladas de diésel a los mercados estadounidense y mundial, con el objetivo de frenar la subida de los precios del combustible. Para hacerlo posible, el Departamento del Tesoro suspendió temporalmente, hasta abril de 2027, las sanciones al diésel ruso.

Las sanciones que Argentina ha impuesto a las empresas del proyecto petrolero Sea Lion, al norte de las Falklands/Malvinas, recaen sobre entidades concretas y no sobre grupos empresariales completos, por lo que la filial que hoy opera el yacimiento no está alcanzada de forma automática, según un análisis jurídico del sitio especializado Diplomacy & Law.

El plazo de dos semanas que Argentina dio al Reino Unido para frenar el proyecto petrolero Sea Lion, en la cuenca norte de las Falklands/Malvinas, vence hacia el 12 de octubre. Su vencimiento no suspenderá por sí mismo el proyecto ni establecerá una violación británica de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, según un análisis jurídico publicado por el sitio especializado Diplomacy & Law.

El Gobierno Británico confirmó que cualquier nueva licencia petrolera en las Islas Falkland requiere el consentimiento del Foreign Secretary, secretario de Estado de Asuntos Exteriores, pero evitó precisar si Londres intervino específicamente en la autorización del proyecto petrolero Sea Lion, cuya primera producción está prevista para 2028.

La empresa estadounidense de servicios petroleros Halliburton confirmó el viernes que ni ella ni sus filiales trabajarán en el proyecto Sea Lion ni participarán en actividades de exploración o producción de hidrocarburos en las Falklands/Malvinas o sus alrededores, después de que las autoridades argentinas le plantearan la aplicación de sanciones penales y civiles.