
La escalada entre Argentina y el Reino Unido por el proyecto petrolero Sea Lion, al norte de las Falklands/Malvinas, se ha extendido al comercio: Londres, miembro del Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico, no descarta usar su posición para frenar la candidatura argentina a ese acuerdo, que requiere el consenso de todos sus socios. El Gobierno británico sostiene que la conducta de Buenos Aires plantea “muy serias dudas sobre su fiabilidad como socio”.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos celebró esta semana en San José, Costa Rica, la primera audiencia pública del caso por las muertes del 11 de abril de 2002 en Caracas, cuando una marcha opositora fue atacada a tiros en las inmediaciones del Palacio de Miraflores. Ese día murieron 19 personas y decenas resultaron heridas, en la antesala del golpe que apartó durante dos días del poder al entonces presidente Hugo Chávez.

El presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, firmó el miércoles con la empresa española Solaria Energía y Medio Ambiente un acuerdo para desarrollar un campus de centros de datos de hasta 500 megavatios con generación solar propia, una inversión de 5.700 millones de dólares que el Gobierno presentó como la mayor de la historia del país. La oposición ha pedido explicaciones sobre la capacidad financiera de la compañía y el empleo que generará el proyecto.

Argentina se abstuvo el jueves en la votación de la Cuarta Comisión de la Asamblea General de la ONU sobre un proyecto impulsado por Rusia acerca de las “formas contemporáneas de colonialismo”, una decisión que el ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, el opositor Carlos Bianco, vinculó con el alineamiento del presidente Javier Milei con Estados Unidos y con la estrategia argentina sobre las Falklands/Malvinas.

El proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, con el que el Gobierno de Javier Milei busca endurecer las sanciones contra quienes participen en la explotación de recursos en las Falklands/Malvinas, no consiguió dictamen en la Cámara de Diputados y no llegará a la sesión especial prevista para el 21 de octubre, según la prensa argentina. La oposición exige dividir un texto que, además de las sanciones, reforma la seguridad, la defensa y la inteligencia.

El Senado de Brasil aprobó el miércoles, por 75 votos a favor y uno en contra, reducir la jornada laboral máxima de 44 a 40 horas semanales sin recorte de salario, lo que pone fin a la llamada escala 6x1, de seis días de trabajo y uno de descanso, y extiende a dos los días libres de los trabajadores formales. La reforma, que según la agencia Reuters beneficia a unos 37 millones de personas, llega a diez días de la segunda vuelta presidencial entre Luiz Inácio Lula da Silva y Flávio Bolsonaro.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos retiró el miércoles de su lista de sancionados a Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela y hermano de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez. El Tesoro no explicó los motivos de la decisión.

El líder de Reform UK, Nigel Farage, afirmó que, si fuera primer ministro, ofrecería al presidente estadounidense, Donald Trump, el uso a perpetuidad de la base militar de Diego García, en el archipiélago de Chagos, a cambio de que deje de hablar de las Falklands/Malvinas. La propuesta desató un enfrentamiento con la líder conservadora, Kemi Badenoch, que la calificó de “humillante”, y llevó a la Casa Blanca a salir en defensa de Farage.

Las tareas de dragado en torno a y conducentes a las instalaciones portuarias específicamente destinadas para atender a la industria petrolera en las Islas Falkland han comenzado bajo la supervisión de la Autoridad Marítima de las Islas, según explicara el Capitan de Puerto Steuart Barlow. Se estima que las obras continuarán por los tres meses próximos aprovechando las mejores condiciones climáticas.

Argentina solicitó a Interpol notificaciones rojas contra personas vinculadas al proyecto petrolero Sea Lion, al norte de las Falklands/Malvinas, y el Reino Unido pidió a la organización que las rechace por considerarlas “políticamente motivadas”, según informó el diario británico The Guardian. Interpol respondió reafirmando el artículo 3 de su estatuto, que le prohíbe cualquier intervención o actividad de carácter político.