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Caso YPF: Tribunal de Apelaciones de Nueva York falla a favor de Argentina
La suspensión se limita únicamente a la orden de entrega del 30 de junio de la jueza Loretta Preska El Tribunal de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York suspendió la orden de un tribunal inferior que obligaba a Argentina a transferir el 51% de sus acciones de la petrolera estatal YPF a un banco neoyorquino. Esta anulación de la orden de la jueza Loretta Preska, emitida en septiembre de 2023, supone una victoria significativa para Buenos Aires, ya que permite al país sudamericano apelar la sentencia de 16.000 millones de dólares sin ceder un activo estatal clave.
El gobierno argentino, encabezado por el presidente Javier Milei, elogió la decisión, calificándola de “paso decisivo para proteger un activo estratégico”. El tribunal también permitió la participación en el expedientedel Departamento de Justicia de Estados Unidos, que respalda la postura de Argentina.
El caso se deriva de la expropiación del 51% de YPF por parte de Argentina en 2012 a la empresa española Repsol. La demanda, interpuesta por el fondo de litigios Burford Capital, argumenta que Argentina no presentó la oferta pública de adquisición requerida, violando así los estatutos de la compañía.
El fallo del viernes, firmado por las juezas Myrna Pérez, Sarah Merriam y María Araújo Kahn, establece que la suspensión se limita únicamente a la orden de entrega del 30 de junio y no afecta el curso de la apelación de fondo contra la sentencia de 2023. También ordena a Argentina presentar notificaciones de calendario de conformidad con las normas locales del Segundo Circuito.
Mientras continúa el proceso de apelación, el caso ha entrado en la fase de descubrimiento de pruebas, durante la cual las partes intercambian documentos e información. Los demandantes solicitan detalles relacionados con activos, operaciones financieras y propiedades que podrían utilizarse para ejecutar la sentencia. Estas indagaciones se centran específicamente en las tenencias y datos argentinos relativos a funcionarios gubernamentales.
En respuesta, Argentina presentó una moción a la jueza Preska solicitando la suspensión de la orden de descubrimiento de pruebas y el bloqueo temporal de la divulgación de información sensible hasta que se resuelva la apelación. El objetivo es impedir que los demandantes accedan a datos que, en caso de una pérdida definitiva, podrían servir como guía para la incautación de bienes estatales. El tribunal de primera instancia aún no se ha pronunciado sobre esta solicitud.
“Durante más de diez años, distintos gobiernos han desaprovechado la oportunidad de resolver este litigio. Hoy, ejercemos plenamente nuestro derecho a la defensa, utilizando todas las herramientas legales disponibles para proteger los intereses nacionales”, señalaron fuentes de la Casa Rosada citadas por medios de Buenos Aires.
