La jueza Loretta Preska, del Distrito Sur de Nueva York, confirmó este lunes su fallo de 2023 contra Argentina, rechazando la solicitud del Gobierno Libertario de suspender la transferencia del 51% de las acciones de YPF a los fondos buitre Burford Capital y Eton Park Capital Management. Esta decisión obliga a la entrega de acciones valoradas en 16.100 millones de dólares. Se estima que esto representa un duro golpe para el país sudamericano, que podría llegar a la pérdida de control sobre su petrolera nacional.
La magistrada denegó la petición de Argentina de detener la transferencia, alegando que el país aprovechó al máximo el tiempo extra y no hizo ningún esfuerzo por cumplir con las condiciones impuestas desde que comenzó el juicio en 2012.
El pago de 16.100 millones de dólares, incluidos los intereses, corresponde a los fondos Burford, Eton Park y Bainbridge. Burford había adquirido los derechos de litigio en la quiebra de las empresas Petersen en España. El gobierno argentino argumentó que la expropiación de YPF en 2012 fue un acto de soberanía nacional en beneficio del interés público, una afirmación que el tribunal no aceptó.
Buenos Aires tiene ahora tres días para apelar y evitar una orden de desacato. Se espera que la Cámara de Apelaciones fije una fecha de audiencia poco después del nombramiento de sus tres jueces.
Si Argentina no cumple antes del 17 de julio, esto podría conllevar la incautación de activos argentinos en el extranjero (propiedades, cuentas bancarias, activos comerciales), dañar la credibilidad internacional y debilitar la posición negociadora en futuros asuntos financieros.
Si bien YPF no es directamente responsable, la transferencia de acciones estatales afectará significativamente la estabilidad de la empresa, sus proyectos de inversión (especialmente en Vaca Muerta) y su acceso a financiamiento, lo que genera inquietudes sobre la soberanía nacional en materia de un recurso estratégico, según se explicó.
El gobierno estadounidense del presidente Donald Trump ha expresado su desacuerdo con la decisión de Preska, lo que pone de relieve la complejidad y la naturaleza sin precedentes de esta disputa a gran escala. Este fallo complica aún más la administración del presidente Javier Milei, que ya enfrenta desafíos económicos y reveses políticos. La Procuraduría del Tesoro de Argentina afirmó estar considerando todos los escenarios posibles.
Burford y Eton Park demandaron al gobierno argentino por la expropiación de YPF en 2012 y obtuvieron el fallo de Preska en 2023, que impuso el pago de una indemnización de 16.100 millones de dólares más intereses. El fondo Bainbridge también fue incluido como beneficiario y recibiría acciones de la compañía como parte del pago de la deuda en mora desde 2001.