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Funcionaria del gobierno estadounidense pide liberación de presos políticos venezolanos
Molano instó a la cooperación internacional para presionar a la “dictadura de Maduro” a liberar a todos los presos políticos El gobierno estadounidense del presidente Donald Trump exigió públicamente la liberación del cabo de la Gendarmería Nacional Argentina, Nahuel Gallo, detenido en Venezuela desde el 8 de diciembre de 2024 por acusaciones de espionaje.
Natalia Molano, portavoz en español del Departamento de Estado de EE. UU., exigió la liberación de todos los ciudadanos extranjeros detenidos arbitrariamente en Venezuela, afirmando que los diplomáticos estadounidenses están trabajando activamente desde Colombia, debido a la falta de presencia diplomática oficial en Venezuela, para asegurar su libertad.
“Nuestros diplomáticos están trabajando arduamente, buscando oportunidades para lograr la liberación de los extranjeros detenidos en Venezuela, y necesitamos cooperación internacional para aumentar la presión sobre Maduro para que los libere”, declaró Molano. También enfatizó la prioridad de Estados Unidos de liberar a sus ciudadanos e instó a la cooperación internacional para presionar al gobierno de Maduro a liberar no solo a los detenidos extranjeros, sino también a los presos políticos venezolanos, citando sus casos como ejemplos de la “represión política ejercida por la dictadura de Maduro”.
El cabo Gallo fue detenido cuando intentaba ingresar a Venezuela para visitar a su familia. Las autoridades venezolanas, específicamente la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), lo acusaron de “acciones conspirativas” y “terrorismo”, alegando su participación en un complot contra la vicepresidenta Delcy Rodríguez.
El fiscal general venezolano, Tarek William Saab, afirmó que los datos del teléfono de Gallo respaldaban estas acusaciones, aunque no se han presentado pruebas públicas. Tanto el Ministerio de Relaciones Exteriores como el de Seguridad de Argentina han condenado la detención de Gallo como “arbitraria e injustificada”, calificándola de violación de los derechos humanos.
