Un nuevo informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) publicado el jueves ha señalado que el régimen venezolano de Nicolás Maduro continúa aplicando abusos y torturas sistemáticos, particularmente a opositores políticos.
La expresidenta chilena y actual Alta Comisionada de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet, pidió el martes la liberación de los políticos de la oposición nicaragüense que han sido arrestados por el régimen de Daniel Ortega en las últimas semanas.
Una resolución de la Organización de Estados Americanos (OEA) que condena las violaciones de derechos humanos y las detenciones masivas de líderes de la oposición por parte de Nicaragua fue apoyada este martes por 26 países, con la oposición de tres (uno de ellos Nicaragua), mientras que cinco naciones se abstuvieron. Entre ellas, Argentina.
El Gobierno de Israel convocó este lunes al embajador argentino en Tel Avil Sergio Urribarri tras la votación del país sudamericano en la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para crear una Comisión que investigue las presuntas violaciones a los derechos humanos en Israel y la Franja de Gaza.
Mientras las protestas y la violencia siguen siendo parte del panorama “normal” de Colombia, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sigue esperando una respuesta oficial del Gobierno para visitar el país.
El presidente argentino, Alberto Fernández, dijo el martes que el “problema” de los derechos humanos en Venezuela “está desapareciendo” e insistió en que no hay necesidad de bloqueos cuando la forma de resolver estas cuestiones es a través del diálogo.
Organizaciones chilenas y de derechos humanos junto con el ex juez español Baltasar Garzón presentaron el jueves una acusación ante la Corte Penal Internacional (CPI) contra el presidente Sebastián Piñera por su presunta participación en crímenes de lesa humanidad durante las protestas de 2019, se informó.
La oficina de Amnistía Internacional (AI) en Chile repudió este martes la ola de detenciones y deportaciones de inmigrantes tras la promulgación de la nueva ley impulsada por el gobierno del presidente Sebastián Piñera, se anunció.
Un juez federal de Florida confirmó el martes la decisión de que el expresidente boliviano Gonzalo Sánchez de Lozada (2002-2003) y el exministro de Defensa Carlos Sánchez Berazaín paguen 10 millones de dólares en reparaciones a las víctimas de la represión estatal incontrolada.
El Departamento de Estado de Estados Unidos fue particularmente crítico con Argentina en su informe anual sobre el estado de los derechos humanos en el mundo en 2020, publicado el martes.