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CIDH realiza 40 observaciones al Gobierno colombiano sobre protestas sociales
La CIDH desaconsejó a Duque oponerse a los cortes de ruta, con lo que el Presidente no estuvo de acuerdo El Gobierno de Colombia recibió este miércoles 40 recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) luego de una visita al país de un grupo de observación.
El equipo de la CIDH elaboró un informe sobre las secuelas de las protestas sociales desde el pasado mes de abril que han dejado decenas de muertos y heridos.
Una de las principales sugerencias fue “promover y reforzar” un “diálogo nacional genuino” para permitir que “todos los sectores” sean escuchados, en particular los “más afectados por la discriminación histórica, social y cultural”.
También se recomendó a la administración colombiana del presidente Iván Duque que hiciera todo lo necesario para “reforzar la confianza pública” y evitar a toda costa la estigmatización de los manifestantes por parte de los funcionarios.
La delegación de la CIDH realizó una “visita de trabajo” entre el 8 y el 10 de junio, durante la cual escuchó 302 testimonios y recibió pruebas de más de 500 personas, entre funcionarios, víctimas y organizaciones civiles.
Con todos estos datos, el comité consideró que “la respuesta del Estado” fue “excesiva y desproporcionada”, particularmente en lo que se refiere al uso de la fuerza, que en muchos casos resultó letal.
La CIDH basó su informe en numerosas fuentes, pero solo los datos oficiales entre el 28 de abril y el 5 de mayo muestran al menos 51 muertos, 21 de ellos en el contexto del paro nacional, unos 1.113 civiles heridos, según datos proporcionados por el Consejo Presidencial de Derechos Humanos y Asuntos Internacionales, además de 18 personas con lesiones en los ojos, según la Defensoría del Pueblo.
Por ello, la CIDH solicitó al Estado colombiano “respetar y garantizar el pleno goce del derecho a la protesta, la libertad de expresión, reunión pacífica y participación política de toda la población”.
La CIDH también sugirió separar a la policía del Ministerio de Defensa, a fin de “consolidar y preservar la seguridad con un enfoque ciudadano y de derechos humanos” y evitar “cualquier posibilidad de perspectivas militares”.
Incluso se le recomendó a Duque que no prohibiera automáticamente los cortes de carreteras cada vez que se anunciara una protesta, lo que constituía la esencia de la lógica del Gobierno para justificar la represión.
En este escenario, la CIDH también anunció la “instalación de un Mecanismo Especial de Seguimiento de los Derechos Humanos para Colombia que contribuirá a la consolidación de la paz en los distintos sectores de la sociedad”.
La Cancillería de Bogotá dijo estar de acuerdo con “algunas de las observaciones” hechas por la Comisión, pero descartó la posibilidad de establecer el mecanismo de observación de derechos humanos, señalando que no es necesario.
En cuanto a la separación de la policía del Ministerio de Defensa, el Gobierno respondió que la Constitución establece que esta institución es “un cuerpo armado permanente de carácter civil”, lo que aleja, según la opinión oficial, la preocupación del enfoque militar.
El Gobierno también rechazó la “sugerencia del presunto uso de la fuerza contra poblaciones específicas”, que estaba explícita en el informe, y criticó que algunas de las cifras citadas no hubieran sido verificadas, ni tampoco las fuentes de las mismas.
“El gobierno se diferencia en que los bloqueos generalmente constituyen una forma legítima de manifestación y que solo en casos puntuales puede actuar el Estado”, agregó la Cancillería.
Duque incluso recalcó que “nadie puede recomendar que un país sea tolerante con actos delictivos”, o “actos vandálicos”, o con “terrorismo urbano de baja intensidad” y “bloqueos que vulneren los derechos de los ciudadanos”.
Mientras tanto, la Confederación General del Trabajo de Colombia (CGT) y otras organizaciones sindicales que representan a funcionarios estatales realizaron una sentada este miércoles para exigir que el gobierno cumpla con los acuerdos laborales. La protesta prevista frente al Ministerio de Hacienda tuvo que realizarse frente al Banco de la República.
Los líderes sindicales dijeron que era paradójico que un gobierno que se opone a los bloqueos acabara por bloquear el acceso al Ministerio de Finanzas a una protesta pacífica y cultural.
Los manifestantes criticaron que Duque hubiera respaldado y firmado un aumento salarial a los congresistas muy superior a los de enfermeras, maestros y otros funcionarios. ¿Por qué el aumento de empleados estatales es de 0,19 por ciento, mientras que el de legisladores es de 5,12 por ciento?, se preguntó Jairo Arenas, docente y comunicador social.
Los manifestantes también exigieron que el gobierno cumpliera con la negociación colectiva, que constituye un principio fundamental para la Organización Internacional del Trabajo.
