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Nuevo informe de Bachelet dice que el abuso y la tortura siguen vigentes en Venezuela
En Venezuela continúan las torturas, abusos y muertes bajo arresto por tuberculosis, desnutrición y otras enfermedades, dijo Bachelet Un nuevo informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) publicado el jueves ha señalado que el régimen venezolano de Nicolás Maduro continúa aplicando abusos y torturas sistemáticos, particularmente a opositores políticos.
La dos veces presidenta de Chile y actual alta comisionada Michelle Bachelet firmó el documento que señala que “La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) continuó recibiendo informes creíbles de tortura o tratos crueles, inhumanos o degradantes o castigo.“
El informe también menciona “golpizas, descargas eléctricas, violencia sexual y amenazas de violación” y el desconocimiento de “cualquier acción realizada por la Comisión Nacional para la Prevención de la Tortura entre el 1 de junio de 2020 y el 30 de abril de 2021” para revertir esa situación.
La oficina de Bachelet también ha mencionado nuevos casos de desapariciones forzadas, durante las cuales las víctimas fueron incomunicadas y las autoridades se negaron a compartir su paradero con sus defensores o familiares. ”Estas prácticas exponen a los detenidos a un mayor riesgo de malos tratos”, dijo la agencia.
También se ha denunciado violencia sexual contra las mujeres en prisión preventiva, además del hecho de que la mayoría de las instalaciones no están adaptadas para cumplir con las normas específicas de género y las detenidas suelen ser vigiladas por hombres.
“El 13 de marzo, un oficial de la Policía del Estado de Barinas mató a una mujer bajo custodia policial, luego de que supuestamente se negara a participar en actos sexuales”, dice el documento de la ONU. La agencia de Bachelet ha pedido que se procese al oficial presuntamente involucrado en el incidente y que se investiguen otras denuncias de violencia sexual y que se encarte a los responsables.
El informe también advierte que se desconoce el paradero de varias personas, entre ellas el teniente coronel Juan Antonio Hurtado Campos, detenido desde septiembre de 2018, y Hugo Enrique Marino Salas, detenido desde abril de 2019.
Bachelet denunció además la violación sistemática de los derechos a la libertad, a un juicio sin dilaciones indebidas, a un juicio justo y a la asistencia letrada, citando al menos 12 casos en los que personas fueron detenidas sin orden de aprehensión y no en circunstancias de in flagrante delicto, así como el recurso rutinario a las detenciones preventivas, especialmente en un contexto de pandemia de covid-19.
“Las dinámicas y prácticas observadas ... en informes anteriores continúan siendo motivo de preocupación”, dijo Bachelet. “Después de haber denunciado casos de tortura o malos tratos a los tribunales, los detenidos fueron devueltos a la custodia de los presuntos responsables de los malos tratos denunciados. En algunos casos, los presuntos responsables han sido llamados a declarar contra las víctimas en el proceso penal en su contra”.
Los jueces o fiscales sistemáticamente han evitado tomar medidas para proteger a las presuntas víctimas o abordar cuestiones relacionadas con el debido proceso, detalla el documento de la ONU.
El informe también destaca la precaria situación en los centros de detención donde los internos están mal alimentados y tienen restricciones para recibir visitas de familiares. También se resalta la recurrencia de muertes bajo arresto, especialmente por la alta incidencia de tuberculosis, desnutrición y otras enfermedades.
Respecto a las próximas elecciones regionales que se realizarán en Venezuela en noviembre, la oficina de Bachelet ha dicho que el régimen de Maduro induce a la gente a votar tanto antes como durante el proceso electoral. Según la denuncia, “las autoridades públicas a nivel nacional y local realizaron declaraciones prometiendo beneficios sociales o amenazando con revocar el acceso de los votantes a la asistencia social, entre otras cosas, a canastas de alimentos y subsidios monetarios. Se informó que los empleados de empresas e instituciones estatales también fueron amenazados con ser despedidos si no votaban.
