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Tribunal colombiano conoce nuevos cargos contra militares por violaciones de derechos humanos

Los presuntos delitos fueron cometidos durante la presidencia de Álvaro Uribe

La Jurisdicción Especial para la Paz de Colombia (JEP) presentó cargos el jueves contra 15 miembros del ejército nacional por “crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad”, se anunció.

Los imputados fueron llevados ante la justicia por su “participación decisiva en el asesinato de 127 personas” en el norte del país, en el marco de lo que se conoce como “falsos positivos”, eufemismo de crímenes extrajudiciales.

El Tribunal de la JEP, creado según el acuerdo de paz con exguerrilleros, también explicó que las acusaciones del jueves se produjeron después de otros cargos semanas atrás contra 10 militares, incluido un general y también un civil, por 120 asesinatos bajo el mismo modus operandi.

Los delitos por los cuales se acusa a dos coroneles, tres mayores, un teniente, dos subtenientes, tres sargentos, un cabo y tres soldados profesionales ocurrieron en los departamentos de Cesar y La Guajira, entre 2002 y 2005.

Según los informes, los 15 acusados formaban parte de una organización delictiva que presentaba como “bajas en combate” a personas asesinadas en un estado indefenso por miembros del Ejército o por paramilitares”, según las conclusiones de la JEP, según dos patrones: el primero consistía en aliarse con organizaciones de extrema derecha para matar a personas que habían sido identificadas como integrantes de grupos armados ilegales o simplemente delincuentes comunes.

Una vez que los paramilitares entregaron sus armas luego de negociar con el entonces presidente Álvaro Uribe (2002-2010) los escuadrones militares fueron en busca de nuevas víctimas, incluidas personas discapacitadas o en condiciones de vulnerabilidad y ciudadanos que fueron engañados con falsas promesas de trabajo.

Al menos 12 de las 127 víctimas eran indígenas de las etnias Wiwa y Kankuamo, incluida una niña de 13 años que estaba embarazada en el momento del crimen. Una vez muertas estas personas, los militares las vestían con ropa de combate y armas para presentarlas como supuestos guerrilleros abatidos en combate. Impedían además el retiro de los cadáveres por parte de las autoridades, para evitar preguntas y sospechas.

“El fenómeno comenzó a responder especialmente a la presión por resultados, estimulado por un complejo dispositivo de incentivos y amenazas que se presentaban dentro de la institución en diversas áreas”, dijo la JEP en su razonamiento.

Los militares que cometían estos delitos eran recompensados por sus superiores con permisos de descanso, viajes y pagos en efectivo. “El objetivo era obtener resultados a toda costa”, agregó la JEP.

Tras los cargos presentados el jueves, los imputados tienen 30 días para “reconocer los hechos y su responsabilidad” o rechazar las acusaciones. En caso de declararse culpables, la JEP convocará audiencias públicas de reconocimiento donde se enfrentará a los familiares de sus víctimas, quienes participarán en la toma de decisiones sobre las penas, que en todo caso serán reducidas. Pero si optan por negar sus responsabilidades, podrían perder los beneficios judiciales que ofrece el acuerdo de paz y ser condenados a hasta 20 años de prisión.