El presidente argentino, Alberto Fernández, dijo el martes que el “problema” de los derechos humanos en Venezuela “está desapareciendo” e insistió en que no hay necesidad de bloqueos cuando la forma de resolver estas cuestiones es a través del diálogo.
Fernández volvió a manifestar su apoyo al informe sobre el tema elaborado por la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (y ex dos veces presidenta chilena) Michelle Bachelet.
“Muchos en la izquierda me criticaron porque apoyé el informe de Bachelet cuando marcó acciones del gobierno venezolano que violaron los derechos humanos, pero también trabajé para ayudar a Bachelet a que encare en Venezuela una oficina permanente para monitorear el funcionamiento de los derechos humanos,” dijo Fernández en una entrevista radial.
Y ese problema poco a poco en Venezuela fue desapareciendo, agregó. Hay una manera de solucionar los problemas que no pasa por ingresar a los países ni de manera armada ni con bloqueos.
Fernández dijo también que el presidente francés, Emmanuel Macron, lo había felicitado durante su gira europea la semana pasada y citó al líder galo diciendo que quiero felicitar y agradecer al presidente Fernández por sus esfuerzos por la paz en Venezuela y porque la democracia y las instituciones están en pleno funcionamiento en Venezuela.
Fernández explicó que Macron empezó a darse cuenta de que lo que le decía era verdad; que la forma de solucionar el tema de Venezuela no era bloquear a Venezuela, era conseguir que ellos encontraran el diálogo y ellos solucionaran el problema, y lo sentí con gran alegría.
El canciller argentino Felipe Solá también explicó que no hay cambios en nuestra relación con Venezuela desde la salida del Grupo de Lima, una alianza internacional contra el presidente venezolano Nicolás Maduro a la que Argentina se había adherido durante el mandato del ex presidente Mauricio Macri.
Los últimos informes del equipo de Bachelet en Venezuela fechados el 11 de marzo mencionan al menos 66 casos de intimidación, hostigamiento, descalificación y criminalización de periodistas, medios de comunicación, defensores de derechos humanos, trabajadores humanitarios, líderes sindicales y simpatizantes de la oposición, incluidos miembros electos de la Asamblea Nacional y sus familias.