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CIDH sigue esperando luz verde para visitar una Colombia devastada por la violencia
El Estado colombiano debe “respetar los más altos estándares en materia de libertad de expresión, uso de la fuerza y debida diligencia”, dijo Urrejola. Mientras las protestas y la violencia siguen siendo parte del panorama “normal” de Colombia, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sigue esperando una respuesta oficial del Gobierno para visitar el país.
Las denuncias sobre violaciones de derechos humanos se han acumulado durante el último mes después de que murieron entre 40 y 60 personas, miles fueron arrestadas y varias otras están desaparecidas.
La vicepresidenta y canciller de Colombia, Marta Lucía Ramírez, acordó la presencia de una misión de la CIDH, pero aún no hay una fecha fijada para ello.
“Ayer vimos las declaraciones de la Canciller y por eso estamos esperando una respuesta del Estado colombiano; al respecto no hemos recibido una respuesta oficial, sin perjuicio de que también podemos proponer una fecha”, dijo Antonia Urrejola, presidenta de la CIDH.
A principios de esta semana la Comisión condenó las “graves violaciones a los derechos humanos” durante las protestas y exigió al Estado colombiano “respetar los más altos estándares en materia de libertad de expresión, uso de la fuerza y debida diligencia, así como permitir que la CIDH lleve a cabo una visita de observación al país”.
Urrejola explicó que una vez llegue el aval a la visita del gobierno de Iván Duque, tres comisionados y un grupo de la Secretaría Ejecutiva pasarían una semana en el país a fin de reunirse con todas las partes involucradas, para lo cual sería necesario viajar a tres ciudades, además de Bogotá, durante unos cuatro días.
“Esto nos permite verificar en campo las diferentes denuncias que estamos teniendo; no estoy hablando de una investigación sino de verificar estas denuncias y poder establecer qué patrones están ocurriendo respecto a las violaciones de derechos humanos y a partir de eso hacemos un conjunto de recomendaciones al Estado”, dijo Urrejola en una entrevista radial.
Destacó que la información recabada no tiene como finalidad preparar una denuncia, sino establecer una serie de recomendaciones al Estado colombiano y aseguró que en casos similares con otras naciones esas sugerencias sirvieron de ”hoja de ruta“ para superar problemas internos.
”A quien le hacemos recomendaciones es al Estado, que es quien debe cumplir con un conjunto de recomendaciones internacionales, la Comisión no habla a los particulares, la Comisión habla al Estado que debe establecer las condiciones para el ejercicio de la derechos”, agregó.
Según la fiscalía colombiana, han muerto 43 personas, 17 directamente relacionadas con las manifestaciones, siete bajo investigación y las 19 restantes en circunstancias aún por determinar, además de 129 personas catalogadas como desaparecidas.
Mientras tanto, una sesión plenaria del Senado colombiano, con mayoría oficial, rechazó el jueves por 69 votos contra 31 una moción para destituir al ministro de Defensa Diego Molano.
El ministro es señalado como el responsable político de las violaciones de derechos humanos y la brutalidad policial.
Organizaciones no gubernamentales como Temblores denuncian 60 asesinatos, desde el inicio del paro nacional el 28 de abril contra el gobierno de Duque, 43 de ellos presuntamente a manos de la fuerza pública. Además de que 46 personas han sufrido lesiones en los ojos, 22 han sido víctimas de agresión sexual y dos miembros de las fuerzas de seguridad fueron asesinados.
Entre las demandas de los manifestantes está el desmantelamiento del infame Escuadrón Móvil Antidisturbios, el cese de la militarización del país y la destitución de Molano.
