El presidente boliviano, Luis Arce Catacora, admitió este viernes que su país importaba el 90% del combustible que consume, con un costo aproximado de US$ 3.000 millones anuales, un ajuste significativo respecto a los US$ 1.500 millones de 2019. Dado el aumento del contrabando y la escasez de divisas, la crisis parece haber entrado en una especie de círculo vicioso. Medidas como la reducción del uso de vehículos del sector público y la priorización del combustible para servicios esenciales podrían no ser suficientes para satisfacer la demanda nacional. ¿Qué país va a aguantar esto?, se preguntó.
El presidente boliviano, Luis Arce Catacora, anunció este miércoles en un mensaje a la población un conjunto de diez medidas adoptadas por su gobierno para afrontar la escasez de combustible que afecta a su país.
El departamento boliviano de Santa Cruz atraviesa una crisis causada por una grave escasez de diésel, lo que ha provocado bloqueos y amenazas de huelga. Agricultores de Concepción y Yapacaní han bloqueado carreteras clave que conectan Santa Cruz con otras regiones, en protesta por la falta de combustible que pone en peligro su cosecha de verano de cultivos como soja, maíz y arroz. Estos bloqueos han interrumpido las rutas comerciales y provocado advertencias de nuevas protestas en otras localidades como San Carlos y Portachuelo.
El expresidente peruano Pedro Castillo Terrones (2021-2022) ha iniciado una huelga de hambre en protesta por el juicio que se le sigue por un supuesto intento de golpe de Estado en diciembre de 2022. Castillo, encarcelado desde el incidente, sostiene que se le está procesando injustamente por rebelión, abuso de autoridad y perturbación de la tranquilidad pública, pese a no contar con apoyo militar y exige un nuevo tribunal que supervise su caso, pues considera que el actual es parcial. También quiere que Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos (OEA) protejan sus derechos. La fiscalía pide una pena de 34 años de prisión además de una reparación económica.
El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha elogiado a Guyana por sus políticas climáticas pioneras y sus esfuerzos para mejorar su matriz energética, promover el crecimiento sostenible y fomentar la diversificación económica. El organismo crediticio mundial destacó las políticas climáticas y el desarrollo sostenible, la transición energética, la diversificación económica y el desarrollo de la fuerza laboral, y el crecimiento inclusivo y la inversión del país sudamericano.
Los directivos del club de fútbol de São Paulo Palmeiras dijeron que las sanciones que la Confederación Sudamericana de Fútbol emitió el domingo contra el Cerro Porteño de Paraguay tras los incidentes racistas de la semana pasada fueron “extremadamente leves”.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció una exención temporal de los nuevos aranceles del 25% para los productos de México cubiertos por el Acuerdo Estados Unidos-México-Canadá (T-MEC) de 2020. El líder republicano adoptó la medida luego de una conversación telefónica con la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum. La exención, vigente al menos hasta el 2 de abril, revierte los aranceles impuestos esta semana, destinados a abordar el tráfico de fentanilo y los desequilibrios comerciales.
El canciller uruguayo Mario Lubetkin cumplió este miércoles su primer día formal en el cargo. Durante un acto en Montevideo al que asistieron el presidente Yamandú Orsi y la vicepresidenta Carolina Cosse, el jefe de la diplomacia destacó el papel de Uruguay como actor de paz para ayudar a reducir las tensiones globales.
Uruguay, Brasil, Bolivia, Chile y Colombia han respaldado al Ministro de Relaciones Exteriores de Surinam, Albert Ramdin, como candidato a Secretario General de la Organización de los Estados Americanos (OEA). Ramdin, quien anteriormente se desempeñó como Secretario General Adjunto de la OEA, es visto como una persona excepcionalmente calificada para abordar los desafíos contemporáneos y aportar una perspectiva nueva.
El presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, extendió esta semana el estado de excepción por 30 días más en siete provincias y dos municipios, incluida la capital, Quito, para frenar la inseguridad y mantener el orden público, la paz social y la convivencia pacífica.