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El desafío democrático frente a las dictaduras y la xenofobia de América Latina
El panel debatió sobre las cláusulas democráticas de los diferentes organismos institucionales en el continente frente a la erosión del estado de derecho 
El Parlasur aprobó el lunes, por unanimidad, el envío de una misión oficial a la frontera venezolana con Colombia y Brasil, a fin de relevar la situación migratoria en la región. 
Para William Dávila, hay que ser contundente contra el Gobierno de Maduro, que “le importa poco” que los migrantes le causen problemas de inestabilidad a los países de la región. 
El Senador Pablo Mieres señala que el pueblo venezolano “huye del terror del totalitarismo” Durante la conferencia titulada “El desafío democrático frente a las autocracias del siglo XXI en América Latina”, organizada por el Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina (CADAL) este martes en la sede del Senado de Uruguay, se calificó de “dictadura” al Gobierno de Venezuela y se exhortó a que los gobiernos democráticos de la región, en especial al Gobierno uruguayo, no sean indiferentes ni “cómplices” frente a los Gobiernos autocráticos de América Latina.
El panel, conformado por autoridades de organismos regionales y parlamentarios uruguayos y venezolanos, debatió sobre las cláusulas democráticas de los diferentes organismos institucionales en el continente frente a la erosión del estado de derecho y los gobiernos autocráticos de América Latina en la actualidad. Se hizo especial énfasis en los casos de Venezuela, Nicaragua y Cuba.
“Venezuela es un país al cual se le empieza a cerrar desde afuera, la región le empieza a cerrar las puertas”, señala Jorge Gandini, presidente de la cámara baja del Congreso de Uruguay durante la conferencia en referencia a las nuevas normas migratorias adoptadas por los gobiernos de Perú y Ecuador y las tensiones con el norteño estado fronterizo de Roraima, en Brasil.
Gandini explica que, a diferencia del Gobierno de Cuba, el cual “cerró sus puertas desde adentro” hace décadas, a Venezuela se le empieza a aislar en la región al existir la posibilidad de que millones de personas, buscando huir de la profunda crisis económica, causen problemas a la frágil estabilidad socioeconómica en los países cercanos.
Según la Organización de las Naciones Unidas para la Migración (OIM), alrededor de 2,3 millones de venezolanos han emigrado debido a la crisis Económica que vive el país.
Y de ellos, al menos un millón ha pasado por territorio colombiano desde inicios del 2017, de los cuales más de la mitad han circulado vía terrestre hacia Ecuador, Perú, Chile y Argentina tras extensos viajes en buses o incluso a pie.
Perú se ha convertido en uno de los principales destinos para este movimiento migratorio debido a las facilidades migratorias que se han dado con los últimos gobiernos. De acuerdo a la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) solo en 2018 el gobierno peruano ha recibido ya 90.000 solicitudes de asilo de venezolanos.
No obstante, en los últimos meses han aparecido brotes de xenofobia entre algunos sectores de las sociedades en ciertos países receptores.
Durante la conferencia tanto Gandini como el diputado uruguayo Rodrigo Goñi, ambos del Partido Nacional (Uruguay), expresaron su preocupación respecto a la posición del Gobierno uruguayo frente al del presidente venezolano Nicolás Maduro.
“Lamentablemente tenemos un gobierno que ha sido indiferente” frente a Venezuela, Nicaragua y Cuba, expresó Goñi señalando que el Gobierno uruguayo se ha vuelto de igualmente “cómplice” de gobiernos que son responsable de muertes y violaciones a los Derechos Humanos.
El Gobierno del presidente Tabaré Vázquez se ha caracterizado por no definir una posición contundente frente a las crisis democráticas que atraviesan Venezuela y Nicaragua. La cancillería uruguaya ha expresado repetidamente que se opone a todo acto “ilegal de violencia con fines políticos” en Venezuela. Sin embargo, no se ha manifestado frente a la investigación de la Corte Penal Internacional (CPI), la cual se encuentra investigando el uso de “fuerza excesiva” de los cuerpos de seguridad del Estado y el empleo “de medios violentos” para reprimir a los manifestantes, según anuncio la fiscal de la CPI, Fatou Bensouda en febrero.
La posición política que ha tomado Uruguay frente a la crisis política en Nicaragua, la cual ha dejado entre 317 y 448 personas asesinadas desde abril según organizaciones humanitarias, es un tanto distinta a la que ha tomado frente al país del expresidente Hugo Chávez. El gobierno uruguayo se ha adherido a las posiciones de los países de la región que condenan al Gobierno de Daniel Ortega, urgiendo a su Gobierno a que detenga los ataques contra los manifestantes.
No obstante, en cuanto al aspecto migratorio, Uruguay se ha caracterizado por ser un receptor amable del flujo migratorio venezolano, a pesar de que el número de residentes venezolanos en suelo uruguayo no pasaba de 13.000 a principios de 2018. El pasado 26 de julio, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) resaltó que la normativa uruguaya sobre inmigración es un modelo a replicar en otros países.
Diego Cabrita, representante de la sociedad civil de ayuda al inmigrante en Uruguay Veneguayos, indica que la cantidad de casos de venezolanos con problemas de papeleo ha disminuido desde que las normas migratorias se han flexibilizado.
Para el parlamentario por Venezuela del PARLASUR, William Dávila, hay que ser contundente contra el Gobierno de Maduro, que “le importa poco” que los migrantes le causen problemas de inestabilidad a los países de la región. Sin embargo, es inconstitucional que se le limite la posibilidad de circular por la región a los venezolanos, exigiéndoles documentos que son de difícil acceso en Venezuela tales como el pasaporte.
Dávila indica que el PARLASUR debe exhortar a los gobiernos de la región a que respeten los tratados que dieron origen al Mercosur, respetando el hecho de que la “Cédula de Identidad sea un documento suficiente para que usted se pueda trasladar de un país a otro”.
No obstante, el tema migratorio gracias al éxodo venezolano no ha dejado de convertirse en un tema político y candente en la región.
Tras los disturbios en los que locales quemaron las pertenecias de 1.200 venezolanos en la localidad fronteriza de Pacaraima, entre Venezuela y Brasil; y donde el 25% de los habitantes son venezolanos y viven en carpas entre estaciones de buses y casas abandonadas del lugar, políticos brasileños del estado de Roraima han pedido nuevamente el cierre de las fronteras al gobierno federal con el apoyo de comunidades azuzadas por una ola migratoria que ha sobresaturado el sistema de salud y los servicios de un estado con poca infraestructura. Convirtiendo, por primera vez en la historia, a los migrantes venezolanos en material político el cual puede ser atacado con el respaldo de xenofobias nacientes en la región.
