La defensa del ex Presidente brasileño de Lula da Silva presentó este viernes un recurso de habeas corpus en un tribunal de segunda instancia contra la decisión dictada por un juez inferior de retenerle el pasaporte y prohibirle salir del país debido a la condena que pesa en su contra por corrupción.
La Justicia brasileña prohibió el jueves la salida del país al ex presidente Lula da Silva, condenado en la víspera a doce años y un mes de cárcel por corrupción, informó el Ministerio de Justicia en un comunicado. La decisión fue adoptada por un juez federal, a pocas horas de que Lula emprendiera un viaje a Etiopía para participar en un congreso de la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).
El ex presidente de Brasil, Lula da Silva, vinculó la condena ratificada en su contra por hechos de corrupción con el ascenso social durante su mandato (2003-2010). Esto es una venganza por sacar a tanta gente de la pobreza, afirmó. Al hablar en un acto de apoyo, Lula aseguró que nunca tuve la ilusión de la absolución.
Por unanimidad, tres jueces de un tribunal de apelaciones de Porto Alegre ratificaron hoy la condena por corrupción y lavado de dinero al expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva y aumentaron la sentencia inicial a 12 años y un mes de cárcel, poniendo cuesta arriba su vuelta al poder.
Este miércoles es un día clave para la política y los mercados en Brasil ya que un fallo de segunda instancia confirmará, revertirá o modificará la sentencia a nueve años y medio de cárcel emitida en julio por el juez federal Sergio Moro contra Lula da Silva. La decisión de la cámara será clave de cara a las elecciones presidenciales que se llevaran a cabo en el país vecino y con el cual Lula tiene un 35% de intención de voto y lidera las encuestas.
Un tribunal de apelaciones brasileño dirá el miércoles si el ex presidente Lula da Silva es culpable de corrupción, en un fallo que puede liquidar sus ambiciones de volver al poder e incluso llevarlo a la cárcel. Una confirmación de la sentencia a nueve años y medio de reclusión, dictada en julio por el juez Sergio Moro por corrupción pasiva y lavado de dinero, complicaría además el panorama de las ya inciertas elecciones de octubre, en las que Lula se presenta como favorito.
El alcalde de la ciudad brasileña de Porto Alegre, Nelson Marchezan, solicitó el envío de fuerzas militares a la ciudad para evitar posibles disturbios en el juicio que podría sellar el futuro político del ex presidente Lula da Silva el próximo 24 de enero. Marchezan envió la solicitud al actual presidente, Michel Temer, alegando que los seguidores de Lula llaman a invadir la ciudad del sur de Brasil, para presionar al tribunal que lo juzga.
Brasil encara a partir de este mes un año electoral repleto de incertidumbre después de las sucesivas crisis que han hecho tambalear la política brasileña, acorralada por un gigante escándalo de corrupción que puede pasar factura a los partidos. El país enfrenta en octubre sus primeras elecciones desde que saliera a la luz los entresijos del mayor caso de corrupción de la historia de Brasil, el cual ha salpicado a centenas de legisladores de todo el arco partidario que deberán rendir cuentas ante los electores.
El ex presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva dice estar preparado para asumir el poder de ser elegido en las presidenciales de 2018 y reivindica su inocencia en las causas penales abiertas en su contra, de las que dice que no hay pruebas.
La Fiscalía brasileña denunció al ex presidente Lula da Silva, ya condenado en primera instancia por el caso Petrobras, y a otras seis personas, entre ellos el ex ministro Gilberto Carvalho, por un delito de corrupción.