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Violaciones de DDHH y desastres ambientales: Lo que deja la huella china en América Latina

“Nuestros Estados están favoreciendo a las empresas chinas, a las que se está entregando la soberanía de nuestro patrimonio natura”, afirma Chocaiza.

Empresas chinas presentan un patrón de violaciones de derechos humanos y ambientales en Latinoamérica, según revela un informe revelado por la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH).

Junto con distintas organizaciones sociales de Ecuador, Bolivia, Perú, Argentina y Brasil, la FIDH ha producido un informe sombra en el que se revelan abusos a contra los derechos humanos y al medio ambiente de parte de corporaciones mineras y petroleras chinas con la complicidad de los Estados.

El informe, titulado Evaluación de las Obligaciones Extraterritoriales de la República Popular de China desde Sociedad Civil: Casos de Argentina, Bolivia, Brasil, Ecuador y Perú, denuncia algunos “comportamientos violatorios con conocimiento de causa” y la falta de voluntad del Estado asiático por monitorizar y hacer cumplir los estándares mínimos exigibles por parte de sus empresas y bancos.

El próximo 6 de noviembre, China será examinada por Naciones Unidas en el marco del tercer ciclo del Examen Periódico Universal (EPU), iniciativa que motiva a investigar y apoyar la proteccion de derechos humanos creada junto al Consejo de Derechos Humanos de la ONU (CDH) en 2006.

Para la ONG, hace casi medio siglo pocos hubieran podido adivinar que en el día de hoy, una lucha crucial para los pueblos latinoamericanos sería la defensa de sus derechos económicos, sociales, culturales y ambientales frente al irracional desarrollismo y explotación de recursos naturales; y que fuera justamente China un representante de estas amenazas.

Este informe documenta la falta de cumplimiento del Estado chino de sus obligaciones extraterritoriales en materia de derechos humanos por al menos 18 proyectos operados por 15 consorcios empresariales chinos, que han actuado con el apoyo de 6 bancos chinos en Argentina, Brasil, Bolivia, Ecuador y Perú.

En Ecuador se desarrollan los proyectos de megaminería a cielo abierto de Mirador y San Carlos Panantza, ubicados en la Cordillera del Cóndor, en la Amazonía ecuatoriana. La región, además, representa un ecosistema único por su biodiversidad y el hogar de varias comunidades indígenas Kichwa y Shuar. El informe denuncia que estos proyectos se destacan por la poca difusión de los Estudios de Impacto Ambientales (EIA) y por actuar con una actitud excluyente y discrecional al no dirigir información alguna a toda la población afectada.

Consultada por MercoPress, la directora de la ONG ambiental ecuatoriana Acción Ecológica y miembro del Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina (OCMAL), Gloria Chicaiza, informa sobre las consecuencias a corto y largo plazo de los impactos del extractivismo chino al desarrollo sustentable, indicando que “está a la vista (de todos) los daños que vienen haciendo en Ecuador, por ejemplo, a través de figuras utilidad pública se ha despojado de tierra a las comunidades aledañas al proyecto Mirador o se ha invadido comunidades indígenas como la de Nankintz para reemplzarla por el campamento minero en manos de las empresas chinas del grupo Tongling y de la china CRCC”.

Efectivamente, el consorcio entre las empresas chinas Tongling Nonferrous Metals Group Holdings C.o., Ltda y China Railway Construction Corporation Limitel otorgan capitales a la empresa minera Ecuacorriente S.A. (ECSA), encargada del proyecto Mirador.

Sin embargo, la agencia china de noticias Xinhua indicó en agosto que el proyecto está fuera de áreas protegidas y territorios ancestrales, cumpliendo con la Ley de Minería de Ecuador, según señaló a ese medio el presidente de la minera, Hu Jiandong.

Siendo cómplices de la problemática, Estados latinoamericanos como el boliviano han impuesto proyectos de exploración petrolera como el del bloque petrolero Nueva Esperanza, que se superpone con uno de los tres territorios del pueblo indígena Tacana. En este territorio se encuentra a un pueblo indígena en condición de aislamiento voluntario, los “Toromona”.

A pesar de que los Tacana se opusieron a la exploración estatal, en 2013 el Estado de Bolivia se impuso y logró un acuerdo con las empresas petroleras BGP Bolivia, subsidiaria de BGP Inc. y la empresa estatal China National Petroleum Corporation (CNPC), encargadas de la exploración, para salvaguardar el territorio y proteger a los pueblos Tacana y Toromona.

Sin embargo, BGP desconoció los acuerdos y causó daños ambientales afectando sus medios de vida, indica el informe de la FIDH.

Chocaiza, indica también que “nuestros Estados están favoreciendo a las empresas chinas, a las que se está entregando la soberanía de nuestro patrimonio natural, mientras a nosotros como región nos quedarán los territorios destruidos, las poblaciones desplazadas, empobrecidas, el endeudamiento anclado a la entrega de minerales a china, ya nadie cree que la minería en general y menos la china en particular aporte al desarrollo”.

Su ONG, Acción Ecológica, interpuso en 2015 una demanda al Estado ecuatoriano por violación a los derechos de la naturaleza y otra por “falta de consulta”. No obstante, todo juicio contra la administración del ex presidente Rafael Correa se perdió.

Acción Ecológica alega que, en Latinoamérica, se evidencia un desplazamiento de las relaciones tradicionales que se han sostenido como continente Sudamericano y Caribe en relación al poder norteamericano históricamente. China es el principal país desarrollado que ha contribuido a cambiar el mundo unipolar controlado por Estados Unidos. No obstante, la batalla por el comercio internacional generada este año por los modelos proteccionistas de ambas potencias han empezado a revolucionar la cara al modelo de comercio mundial.

“La Organización Mundial de la Salud, ya reconoce que la explotación minera está entre las actividades más contaminantes que existen en el planeta: es nociva para el medio ambiente, destruye bosques y biodiversidad, altera los ecosistemas, contamina el agua, aire y tierra, afectando a las poblaciones locales, y a sus formas de vida y sustento”, recuerda Chocaiza.

Actualmente, la ONG ecuatoriana se encuentra impulsando una auditoría a los proyectos mineros a través de Contraloría de la Nación de Ecuador.

De acuerdo a la FAO, la minería es “una de las principales detonadoras del acaparamiento de tierras. La declaración de utilidad pública, le permite expropiar zonas agrícolas, esto atenta contra la capacidad de soberanía alimentaria que tenemos como países y como región”.

En los proyectos de Mirador y San Carlos Panantza, las empresas mineras chinas han recurrido a prácticas cuestionables en la adquisición de las tierras con la complicidad del Estado ecuatoriano mediante su apoyo de la fuerza pública para desalojar forzosamente tras la compra irregular e inconsulta; demandas arbitrarias de servidumbres mineras o la interposición de juicios civiles contra familias sin títulos de propiedad. Estas practicas han ocasionado al menos el desalojo forzoso y desplazamiento involuntario de al menos 42 familias indígenas en la región.

Por su parte en Argentina, el 21 de diciembre de 2016 la Corte Suprema de Justicia de la Nación suspendió la construcción de las represas del Complejo hidroeléctrico Cóndor Cliff – Barrancosa en el río Santa Cruz, mientras no se realizara y aprobara adecuadamente la evaluación de impacto ambiental de la construcción. El proyecto construido por la Unión Transitoria de Empresas, integrada por la constructora china China Gezhouba Group Corporation (CGGC) y otras empresas argentinas, avanza de forma inconsulta “en su fase de trabajos complementarios”, según indican las comunidades indígenas afectadas por el proyecto, encabezadas por Lof Fem Mapu.

El Consejo de Derechos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas (CDESC) confirmó en sus Observaciones Generales que las obligaciones de los Estados se aplican “fuera del territorio nacional en situaciones sobre las cuales los Estados parte ejercen control” y se pronunció sobre la necesidad de tomar “medidas necesarias para prevenir violaciones de derechos humanos en el extranjero por corporaciones domiciliadas en su territorio y/o jurisdicción”.

China también ha reconocido su obligación de respetar los instrumentos de derechos humanos en sus operaciones fuera de China cuando en octubre del 2017 el Ministerio de Comercio y la Comisión Nacional de Reforma y Desarrollo de ese país promulgaron una guía en la que las entidades y personas chinas que participen en actividades económicas en el extranjero deben “respetar las leyes del país anfitrión, las resoluciones de la ONU, y proteger la buena imagen de China”.

La sociedad civil en América Latina tiene una larga tradición de participación en la definición de políticas de desarrollo y proyectos de gran escala; sin embargo, los espacios de participación nacionales se han visto socavados por un modelo secretista y excluyente que se ha generado alrededor de las inversiones chinas. Las comunidades locales y las organizaciones de la sociedad civil frecuentemente reportan sobre la imposibilidad de conocer información básica sobre los proyectos que les afectan, y hasta de comunicarse con las instituciones chinas que los materializan.

La FIDH comprende que la viabilidad de las “relaciones de beneficio mutuo entre China y América Latina dependen en gran parte de que China tenga un compromiso genuino con el bienestar de las comunidades locales, y con un modelo de inversión respetuoso de los derechos humanos y de la naturaleza”.

Ya en Venezuela, la contaminación generada por la minería ilegal en el Parque Nacional Canaima, decretado patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, ha provocado probablemente que miles de hectáreas de selva virgen hayan sido destruidas a plena vista de las Fuerzas Armadas de ese país, las cuales controlan la actividad minera en Venezuela, país cuyo gobierno tiene una reciente historia de fuerte clientelismo con China. Las concesiones mineras a este país por las deudas crediticias de Venezuela le han dado vía libre para que empresas mineras chinas se instalen en este país de manera menos transparente que en otros lugares de Latinoamérica, provocando desmanes medioambientales como el documentado el pasado martes por la periodista Valentina Quintero.

El Tercer Ciclo del EPU de China representa una oportunidad única para que China escuche las voces de las comunidades locales, revise el comportamiento de sus empresas y financistas, y ponga en marcha los procedimientos y herramientas necesarias para reparar los daños pasados y prevenir los futuros.

Sebastián Astorga - Montevideo