
El conflicto social que vive Bolivia ha vuelto a dividir al país. El corte de carreteras encabezado por campesinos indígenas, que desde hace más de un mes mantiene sitiada La Paz, hizo emerger expresiones de racismo en la capital. Agotados por la falta de gasolina y alimentos y por los precios desorbitantes, algunos vecinos arremeten contra los manifestantes; y la hostilidad se mueve en ambas direcciones.

La crisis política en Bolivia amenaza con derivar en enfrentamientos entre la población urbana y la rural, tras casi un mes de bloqueos de carreteras que afectan el suministro de alimentos, medicamentos y combustibles, sobre todo en el área andina, y que han dejado al menos nueve muertos. Así lo advirtieron los analistas Pedro Portugal y Gabriela Canedo en declaraciones a la agencia EFE, quienes alertaron sobre el riesgo de choques alimentados por una fractura étnica y cultural y por la supuesta inacción del Gobierno de Rodrigo Paz, cuya renuncia exigen los sectores movilizados.

La Paz cumple un mes bajo bloqueo. Las principales carreteras de acceso a la capital administrativa de Bolivia permanecen cortadas desde hace cuatro semanas y la escasez de alimentos y combustible se agrava cada día. Entre los habitantes crece el malestar: algunos reclaman la renuncia del presidente, Rodrigo Paz, por incumplir sus promesas de campaña; otros le exigen mano dura y el despliegue del Ejército para levantar el cerco. La mayoría coincide en que el mandatario, que asumió hace menos de siete meses, debió actuar antes, cuando comenzaron las protestas.

Los gobiernos de Argentina, Bolivia, Chile, Ecuador y Perú suscribieron este jueves en Santiago un acuerdo conjunto de cooperación contra la delincuencia organizada transnacional, en una reunión convocada por el Gobierno chileno del presidente José Antonio Kast a la que asistieron cinco cancilleres, cuatro ministros de Seguridad y uno de Interior. El denominado Compromiso Regional de Santiago articula cinco áreas de cooperación y será presentado ante la quincuagésima sexta Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos para extender la iniciativa al resto del continente.

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, promulgó este miércoles la Ley 1731, una norma que elimina las restricciones existentes sobre la intervención de las Fuerzas Armadas en los conflictos internos del país. La firma del documento, ocurrida pasada la medianoche, llega tras casi un mes de bloqueos de carreteras impulsados por sectores que exigen su renuncia y aumenta la presión sobre el mandatario para autorizar el despliegue militar en las calles y rutas de Bolivia.

El Gobierno de Perú entregó este domingo a Bolivia una donación de cuatro toneladas de alimentos destinados a las familias afectadas por los bloqueos de carreteras que sostienen sectores campesinos del altiplano desde hace 19 días, en una iniciativa que suma a Lima al creciente puente humanitario regional articulado en torno al Gobierno del presidente Rodrigo Paz. La ayuda llegó a bordo de un avión militar peruano y fue recibida por el viceministro boliviano de Gestión Consular, Héctor Huanca, y el embajador peruano en La Paz, Carlos Chávez-Taffur, en el aeropuerto internacional de El Alto.

La Fiscalía paraguaya presentó una acusación contra Gianina García Troche, expareja del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, en la que reconstruye con detalle la estructura criminal que operaba desde Paraguay y que durante años trasladó cocaína desde Bolivia hasta los principales puertos de Europa. El documento, citado por el diario uruguayo El País, detalla una organización con tres componentes operativos, casi un millar de vuelos clandestinos dentro del Chaco paraguayo y un volumen verificado de exportaciones que asciende a 17.340 kilos de cocaína incautados en Bélgica y Países Bajos, valuados en hasta 434 millones de dólares en el mercado europeo.

El expresidente boliviano Evo Morales (2006-2019) elevó este domingo la presión sobre el Gobierno de Rodrigo Paz al exigir la convocatoria de elecciones generales en un plazo de 90 días para que no haya muertos, para que no haya heridos, en una nueva escalada del pulso político que mantiene paralizadas a las ciudades de La Paz y El Alto desde hace tres semanas. El líder cocalero, prófugo de la justicia boliviana por un caso de presunta trata agravada de menores, advirtió que cualquier decisión del Ejecutivo de militarizar el país para desbloquear las rutas constituiría una alternativa suicida.

La crisis política y social que sacude a Bolivia desde hace 15 días escaló este miércoles a una confrontación diplomática regional, con el Gobierno de Rodrigo Paz expulsando a la embajadora de Colombia en La Paz, Elizabeth García, denunciando ante la Organización de Estados Americanos un intento de desestabilización institucional y recibiendo el respaldo público de Estados Unidos y de varios Gobiernos de la región. La decisión se adoptó después de que el presidente colombiano, Gustavo Petro, calificara las protestas como una insurrección popular y afirmara que en Bolivia hay un pueblo en las calles al que están matando, declaraciones consideradas injerencistas por La Paz.

El centro de La Paz se convirtió este lunes en escenario de una batalla campal de más de tres horas, en la que miles de mineros asalariados y campesinos se enfrentaron a las fuerzas policiales que intentaban impedir su ingreso a la plaza Murillo, sede del Ejecutivo y del Legislativo boliviano. Los manifestantes lanzaron cargas de dinamita contra los efectivos policiales, que respondieron con gases lacrimógenos. Los cercos no fueron superados y el Ejército, desplegado en torno a la plaza como última línea de defensa, no llegó a intervenir directamente. La movilización es el mayor desafío al que se ha enfrentado el presidente Rodrigo Paz desde su asunción hace seis meses.