
El Gobierno de Bolivia ha optado por desgastar las protestas sociales que sacuden al país desde hace alrededor de seis semanas, en lugar de recurrir a la mano dura. El presidente, Rodrigo Paz, promulgó a comienzos de junio una ley que regula los estados de excepción, pero hasta ahora no ha decretado el despliegue de las Fuerzas Armadas para desbloquear las carreteras, y se inclina por agotar a los manifestantes y por desarticular los movimientos que piden su renuncia mediante la detención o la persuasión de sus dirigentes. La nueva Bolivia se construirá con diálogo, sin dar lugar a la violencia, afirmó el vocero presidencial, José Luis Gálvez.

La crisis política en Bolivia amenaza con derivar en enfrentamientos entre la población urbana y la rural, tras casi un mes de bloqueos de carreteras que afectan el suministro de alimentos, medicamentos y combustibles, sobre todo en el área andina, y que han dejado al menos nueve muertos. Así lo advirtieron los analistas Pedro Portugal y Gabriela Canedo en declaraciones a la agencia EFE, quienes alertaron sobre el riesgo de choques alimentados por una fractura étnica y cultural y por la supuesta inacción del Gobierno de Rodrigo Paz, cuya renuncia exigen los sectores movilizados.

La Paz cumple un mes bajo bloqueo. Las principales carreteras de acceso a la capital administrativa de Bolivia permanecen cortadas desde hace cuatro semanas y la escasez de alimentos y combustible se agrava cada día. Entre los habitantes crece el malestar: algunos reclaman la renuncia del presidente, Rodrigo Paz, por incumplir sus promesas de campaña; otros le exigen mano dura y el despliegue del Ejército para levantar el cerco. La mayoría coincide en que el mandatario, que asumió hace menos de siete meses, debió actuar antes, cuando comenzaron las protestas.

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, promulgó este miércoles la Ley 1731, una norma que elimina las restricciones existentes sobre la intervención de las Fuerzas Armadas en los conflictos internos del país. La firma del documento, ocurrida pasada la medianoche, llega tras casi un mes de bloqueos de carreteras impulsados por sectores que exigen su renuncia y aumenta la presión sobre el mandatario para autorizar el despliegue militar en las calles y rutas de Bolivia.

La crisis política y social que sacude a Bolivia desde hace 15 días escaló este miércoles a una confrontación diplomática regional, con el Gobierno de Rodrigo Paz expulsando a la embajadora de Colombia en La Paz, Elizabeth García, denunciando ante la Organización de Estados Americanos un intento de desestabilización institucional y recibiendo el respaldo público de Estados Unidos y de varios Gobiernos de la región. La decisión se adoptó después de que el presidente colombiano, Gustavo Petro, calificara las protestas como una insurrección popular y afirmara que en Bolivia hay un pueblo en las calles al que están matando, declaraciones consideradas injerencistas por La Paz.

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, agradeció este viernes a su par argentino, Javier Milei, el envío de dos aviones militares Hércules C-130 para reforzar el puente aéreo destinado a abastecer de alimentos y suministros básicos a las ciudades de La Paz y El Alto, afectadas por diez días consecutivos de bloqueos de carreteras impulsados por sindicatos campesinos del altiplano. El gesto regional llega en una de las semanas más críticas de los seis meses de gestión del mandatario centrista, en medio de un cuadro de desabastecimiento y de creciente tensión política con sectores afines al expresidente Evo Morales.

Los ciudadanos de cinco departamentos bolivianos acudieron este domingo a las urnas para completar las elecciones regionales del 22 de marzo, en una segunda vuelta que consolidó un mapa político fragmentado: la coalición Patria del presidente Rodrigo Paz retuvo apenas dos gobernaciones de nueve, mientras que siete quedaron en manos de diferentes fuerzas opositoras.

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, denunció este martes la existencia de una red internacional dedicada al robo y adulteración de gasolina y diésel importados por el país, con operaciones detectadas en Chile, Argentina y Paraguay. Según el mandatario, la trama tiene origen en la anterior administración de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), la empresa estatal encargada del suministro de combustible.

El presidente boliviano, Rodrigo Paz Pereira, emitió el Decreto Supremo 5515, que le permite ejercer sus poderes por medios digitales y firma electrónica mientras se encuentre fuera del país.

El presidente boliviano, Rodrigo Paz Pereira, anunció una drástica reforma económica, declarando el estado de emergencia económica, financiera, energética y social. Esta medida incluye la eliminación de los subsidios a los combustibles vigentes durante más de 20 años y un aumento significativo del salario mínimo para compensar la inflación resultante.