Cisternas de YPFB con capacidad de hasta 33.000 litros habrían descargado de forma ilícita entre 700 y 1.000 litros en los puertos chilenos de Arica e Iquique El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, denunció este martes la existencia de una red internacional dedicada al robo y adulteración de gasolina y diésel importados por el país, con operaciones detectadas en Chile, Argentina y Paraguay. Según el mandatario, la trama tiene origen en la anterior administración de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), la empresa estatal encargada del suministro de combustible.
De acuerdo con la investigación, conducida por los ministerios de Gobierno e Hidrocarburos junto con la Fiscalía, cisternas de YPFB con capacidad de hasta 33.000 litros descargaban de forma ilícita entre 700 y 1.000 litros en los puertos chilenos de Arica e Iquique. El combustible sustraído era trasvasado a vehículos particulares y comercializado en estaciones clandestinas en la comuna chilena de Alto Hospicio. Para compensar el faltante, el contenido restante era mezclado con agua y aceite usado antes de ingresar a Bolivia.
El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, precisó que la pesquisa abarcó el período entre octubre de 2025 y marzo de 2026 y que unas 5.000 cisternas habrían participado en la mecánica. Según las conclusiones preliminares, 150 millones de litros de combustible adulterado ingresaron al país en ese lapso, con pérdidas económicas estimadas en 150 millones de dólares, según informó EFE.
Nos duele profundamente que la patria sufra de esta manera. Todos los responsables se irán a la cárcel, algunos ya están en ella. Van a devolver lo robado, declaró Paz, en alusión indirecta al expresidente Luis Arce (2020–2025) y a su hijo Marcelo Arce. El exmandatario se encuentra preso por un caso de presunta malversación de fondos durante su etapa como ministro en el gobierno de Evo Morales, mientras que su hijo está encarcelado acusado de legitimación de ganancias ilícitas.
La denuncia se produce tras meses de protestas de sindicatos de transporte público que denunciaron daños masivos en motores causados por combustible de baja calidad. Más de 10.000 propietarios de vehículos afectados presentaron una denuncia formal ante YPFB. La semana pasada, la Federación Departamental de Choferes de La Paz bloqueó la ciudad durante dos jornadas por la misma razón. En febrero, el gobierno había admitido la distribución de combustible en malas condiciones, aunque entonces el ministro de Hidrocarburos, Carlos Medinacelli, atribuyó el problema a residuos en los tanques de almacenamiento.
En la víspera del anuncio fue destituido el presidente de YPFB, Yussef Akly, y designada en su reemplazo Claudia Cronenbold. El gobierno también suspendió los contratos de recepción de gasolina con las multinacionales de materias primas Vitol y Trafigura hasta que concluyan las investigaciones. Bolivia importa casi la totalidad del diésel y más del 60% de la gasolina que consume.
Paz mantuvo el martes por la tarde una reunión con el presidente chileno, José Antonio Kast, tras notificar los avances de la pesquisa a la cancillería de ese país. Las autoridades bolivianas indicaron que los resultados presentados corresponden a una primera etapa y que en las próximas semanas se revelarán nuevas conclusiones y los nombres de los presuntos líderes de la red.