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Argentina, Bolivia, Chile, Ecuador y Perú firman un acuerdo conjunto para combatir la delincuencia transnacional
“No es solamente un gesto político, no es un hito diplomático”, afirmó Kast en la apertura, al sostener que “aquí puede haber un antes y un después” Los gobiernos de Argentina, Bolivia, Chile, Ecuador y Perú suscribieron este jueves en Santiago un acuerdo conjunto de cooperación contra la delincuencia organizada transnacional, en una reunión convocada por el Gobierno chileno del presidente José Antonio Kast a la que asistieron cinco cancilleres, cuatro ministros de Seguridad y uno de Interior. El denominado Compromiso Regional de Santiago articula cinco áreas de cooperación y será presentado ante la quincuagésima sexta Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos para extender la iniciativa al resto del continente.
“No es solamente un gesto político, no es un hito diplomático”, afirmó Kast en la apertura, al sostener que “aquí puede haber un antes y un después”. El mandatario chileno, de la extrema derecha conservadora, sostuvo que “estos cinco países se cansaron de mirar cómo el crimen organizado va matando a nuestros jóvenes, va sometiendo nuestros barrios, va comprando voluntades”. Por su parte, el canciller chileno Francisco Pérez afirmó que “frente a una amenaza que no reconoce fronteras, la respuesta tampoco puede quedarse dentro de las fronteras nacionales”. La Argentina del presidente Javier Milei estuvo representada por el canciller Pablo Quirno y la ministra de Seguridad Alejandra Monteoliva. Por Bolivia asistió el canciller Fernando Aramayo, en medio de la grave crisis política y de bloqueos que atraviesa su país. Ecuador envió a la canciller Gabriela Sommerfeld y al viceministro de Seguridad Pública Jorge Rivadeneira, y Perú al canciller Carlos Pareja y al ministro del Interior José Zapata.
El acuerdo contempla cinco áreas de trabajo: intercambio de información entre servicios de inteligencia, fiscalías y policías; coordinación fronteriza sobre el paso de personas, mercaderías y flujos ilícitos; trazabilidad de los flujos financieros vinculados al lavado de activos y financiamiento del crimen organizado; cooperación entre organismos técnicos nacionales como aduanas, policías, migraciones y unidades de análisis financiero; y fortalecimiento de los mecanismos regionales de respuesta. Los cinco países acordaron conformar un grupo de trabajo encargado de elaborar un plan de acción conjunto con “acciones concretas y resultados medibles y verificables”, coordinar esfuerzos técnico-operativos en un plazo de noventa días y reunirse nuevamente dentro de ciento ochenta días.
La reunión constituyó también el debut internacional del ministro chileno de Seguridad Martín Arrau, designado hace ocho días en el primer cambio de gabinete de Kast en sustitución de Trinidad Steinert. “No puede ser que el crimen organizado se haya enfrentado con estados desorganizados”, afirmó Arrau ante sus pares regionales. El compromiso surge en un contexto de creciente preocupación regional por la expansión de organizaciones criminales transnacionales como el Tren de Aragua, de origen venezolano, que ha penetrado en Chile desde 2022 con células dedicadas a secuestros extorsivos, trata de personas, tráfico de migrantes y sicariato; y Los Pulpos, de origen peruano, dedicada a las extorsiones a comerciantes. El fiscal nacional chileno Ángel Valencia expuso de forma reservada ante la reunión sobre las investigaciones contra las redes transnacionales en operación en el cono sur.
