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La Paz cumple un mes de bloqueos con agravamiento de la escasez de alimentos y combustible

Martes, 2 de junio de 2026 - 10:50 UTC
Las filas por combustibles no cesan. Foto: Francisco RIVEROS / @APGNoticiasBo Las filas por combustibles no cesan. Foto: Francisco RIVEROS / @APGNoticiasBo

La Paz cumple un mes bajo bloqueo. Las principales carreteras de acceso a la capital administrativa de Bolivia permanecen cortadas desde hace cuatro semanas y la escasez de alimentos y combustible se agrava cada día. Entre los habitantes crece el malestar: algunos reclaman la renuncia del presidente, Rodrigo Paz, por incumplir sus promesas de campaña; otros le exigen mano dura y el despliegue del Ejército para levantar el cerco. La mayoría coincide en que el mandatario, que asumió hace menos de siete meses, debió actuar antes, cuando comenzaron las protestas.

La Plaza Murillo, sede de los poderes Ejecutivo y Legislativo, lleva cuatro semanas cerrada con vallas y cadenas. La policía solo permite el paso de quienes trabajan en las instituciones o en los comercios contiguos, hoy vacíos de turistas. Las filas en las estaciones de servicio se extienden por kilómetros, a la espera de cargamentos que a veces tardan tres o cuatro días. En el mercado negro el combustible escasea y su precio casi triplica el oficial.

En los mercados, la escena se repite. En el Mercado Camacho, en el centro, solo dos de las diez carnicerías abrieron sus puertas; muchos paceños sustituyeron la carne de vaca por proteínas más baratas. Cuatro tomates que en abril costaban cuatro bolivianos (0,4 dólares) se venden ahora a 12 (1,2 dólares). En una esquina, más de 150 personas hacían fila para comprar un pollo por persona, a 100 bolivianos (unos 10 dólares), más del doble que antes del cerco. “Todo está patas arriba, la situación está bien grave”, lamentó Guillermo Villegas, empleado bancario, en la fila.

Las escuelas también sintieron el impacto: miles de estudiantes llevan semanas en clases virtuales, como durante la pandemia. Villegas, padre de dos hijos, señaló que el aprendizaje se resiente y que el cuidado de los niños recae en las familias. Otra afectada, la abogada y docente Ana María Quintana, contó que reparar su automóvil —dañado por combustible de baja calidad distribuido a comienzos de año— le costó unos 600 dólares, equivalentes a casi dos salarios mínimos, sin que el Gobierno se los devolviera. “Es un presidente que prometió mucho y que no cumplió nada”, criticó.

El principal dirigente opositor, Jorge Quiroga, a quien Paz derrotó en las urnas, presionó al Gobierno para que ponga fin al conflicto y, sin decirlo de forma explícita, pidió aplicar el estado de excepción y desbloquear las carreteras por la fuerza. Calificó a la administración de “inerme, pasiva” y sostuvo que las fuerzas de seguridad deben garantizar los derechos de todos los bolivianos.

En el Legislativo se buscan salidas institucionales. La semana pasada se anuló la ley que limitaba el despliegue de las Fuerzas Armadas en un eventual estado de excepción. El diputado Carlos Alarcón, de Unidad, propuso convocar un referéndum revocatorio extraordinario para el presidente, el vicepresidente y los legisladores, y planteó que una ley interpretativa aprobada por dos tercios permitiría adelantar la consulta. Si la revocatoria fuera rechazada, los mandatos se extenderían hasta 2030; si triunfara, se convocarían nuevas elecciones. La iniciativa sumó este martes el respaldo del exsenador Andrónico Rodríguez. “No podemos permitir que la violencia deponga y derroque gobiernos”, advirtió Alarcón.

Paz, en tanto, mantiene los llamados al diálogo y anticipa una salida pacífica “en los siguientes días”. Desde Cochabamba apeló a la reconciliación nacional, aunque los sectores movilizados rechazaron el fin de semana la convocatoria. Las protestas, lideradas por la Central Obrera Boliviana y organizaciones campesinas, comenzaron por una ley de hipoteca de tierras —anulada el 13 de mayo— y derivaron en demandas económicas y pedidos de renuncia, en medio de la peor crisis económica del país en décadas. En las calles de la ciudad, levantada a más de 3.600 metros de altura, las pintadas resumen el descontento: prometió “capitalismo para todos” y trajo “hambre para todos”.