Petro respondió a la expulsión acusando al Ejecutivo boliviano de incurrir en “extremismos” y advirtió sobre el riesgo de “una masacre” si no se abre un diálogo nacional
La crisis política y social que sacude a Bolivia desde hace 15 días escaló este miércoles a una confrontación diplomática regional, con el Gobierno de Rodrigo Paz expulsando a la embajadora de Colombia en La Paz, Elizabeth García, denunciando ante la Organización de Estados Americanos un intento de “desestabilización institucional” y recibiendo el respaldo público de Estados Unidos y de varios Gobiernos de la región. La decisión se adoptó después de que el presidente colombiano, Gustavo Petro, calificara las protestas como una “insurrección popular” y afirmara que en Bolivia “hay un pueblo en las calles al que están matando”, declaraciones consideradas “injerencistas” por La Paz.
Petro respondió a la expulsión acusando al Ejecutivo boliviano de incurrir en “extremismos” y advirtió sobre el riesgo de “una masacre” si no se abre un diálogo nacional. Estados Unidos, en cambio, ofreció un respaldo categórico al Gobierno boliviano. El secretario de Estado, Marco Rubio, afirmó que Washington “no permitirá que criminales y traficantes de drogas derroquen a líderes elegidos democráticamente”, mientras el vicesecretario Christopher Landau habló incluso de “un golpe de Estado en marcha”. Uruguay pidió resolver el conflicto de forma pacífica y preservar la institucionalidad, mientras que República Dominicana condenó cualquier intento de alterar el orden constitucional.
Las protestas, originadas por reclamos salariales, escasez y mala calidad de los combustibles y rechazo a varias reformas,
se concentran en el departamento de La Paz
En el plano interno, Paz anunció un “reordenamiento” del gabinete ministerial y la creación de un Consejo Económico y Social orientado a socializar las reformas oficiales y a contrarrestar las acusaciones de privatización formuladas por los sectores movilizados. El canciller Fernando Aramayo, que llevó el caso ante el Consejo Permanente de la OEA, pidió simultáneamente al presidente Petro colaboración para que el expresidente Evo Morales (2006-2019) comparezca ante la Justicia por el proceso de trata agravada que enfrenta. Morales permanece desde hace meses atrincherado en el Chapare, su bastión cocalero, protegido por sus seguidores.
Las protestas, originadas a comienzos de mes por reclamos salariales, escasez y mala calidad de los combustibles y rechazo a varias reformas, se concentran en el departamento de La Paz y han derivado en pedidos de renuncia contra el presidente, a seis meses de su asunción. El lunes se registró la jornada más violenta del conflicto, con enfrentamientos, saqueos y ataques contra periodistas y ciudadanos. Los bloqueos mantienen parcialmente aislada a la región, han provocado escasez de alimentos, combustibles, medicamentos y oxígeno hospitalario, y han duplicado o triplicado los precios en los mercados populares. El Gobierno habilitó un puente aéreo con el respaldo de aviones Hércules argentinos, autorizados personalmente por el presidente Javier Milei, para abastecer La Paz y El Alto. Paz buscó este miércoles bajar la tensión con Buenos Aires tras una denuncia sin pruebas de Morales sobre el supuesto traslado de militares y “material represivo” en esos aviones argentinos.
Petro respondió a la expulsión acusando al Ejecutivo boliviano de incurrir en “extremismos” y advirtió sobre el riesgo de “una masacre” si no se abre un diálogo nacional 
