El conflicto, que ya cumple cerca de un mes, deja al menos nueve fallecidos, seis de ellos personas que no pudieron recibir atención médica oportuna a causa de los cortes
La crisis política en Bolivia amenaza con derivar en enfrentamientos entre la población urbana y la rural, tras casi un mes de bloqueos de carreteras que afectan el suministro de alimentos, medicamentos y combustibles, sobre todo en el área andina, y que han dejado al menos nueve muertos. Así lo advirtieron los analistas Pedro Portugal y Gabriela Canedo en declaraciones a la agencia EFE, quienes alertaron sobre el riesgo de choques alimentados por una fractura étnica y cultural y por la supuesta inacción del Gobierno de Rodrigo Paz, cuya renuncia exigen los sectores movilizados.
“El Gobierno no está haciendo absolutamente nada; es como si estuviese esperando que la población que le apoya se enfrente a los bloqueadores y se resuelva esta cuestión en un enfrentamiento entre civiles, en vez de que sea una intervención estatal”, sostuvo Portugal, especialista en temas indígenas. En varias regiones se registraron incidentes y amagos de enfrentamiento entre pobladores del campo y de las ciudades, a favor y en contra de los bloqueos, en los que los analistas observan indicios de una polarización que podría escalar, como ha ocurrido otras veces en el país.
Portugal recordó que Paz llegó al poder con el respaldo de sectores populares e indígenas que votaron en sus comunidades por consigna, más que por él, por su vicepresidente, Edman Lara. La Federación de Campesinos Tupac Katari le reprocha una supuesta “traición”: haber aprobado primero medidas favorables a empresarios del oriente boliviano, antes de pactar con los sectores andinos que lo votaron, y haberse distanciado de Lara, hoy declarado opositor. Para el analista, esa ruptura explica los bloqueos campesinos, que tienen como trasfondo una relación históricamente conflictiva entre los pueblos indígenas y el Estado, marcada por la persistencia de la pobreza y por la exigencia de ser parte del Estado “no en una posición subordinada, sino protagónica”.
El bloqueo de rutas es una medida histórica de lucha de esos sectores desde 1781, cuando una rebelión indígena liderada por Tupac Katari sitió La Paz durante meses e impidió el paso de alimentos a la población española, criolla y mestiza.
El conflicto, que ya cumple cerca de un mes, deja al menos nueve fallecidos, seis de ellos personas que no pudieron recibir atención médica oportuna a causa de los cortes, además del desabastecimiento de alimentos y medicamentos que golpea a las ciudades andinas.
Para la socióloga Canedo, la situación muestra la persistencia del “fantasma de 2019”, en alusión a la crisis de aquel año, cuando el entonces presidente Evo Morales (2006-2019) renunció denunciando un golpe de Estado, en medio de protestas por presunto fraude en unas elecciones luego anuladas. Aquella crisis dejó 37 muertos —varios de ellos afines a Morales— en localidades como Senkata, en El Alto, y Sacaba, en enfrentamientos civiles y tras intervenciones militares. “Hemos tenido una pausa de seis años y ahora, con el cambio de Gobierno hace seis meses, tenemos nuevamente esto, el fantasma de 2019, y sabemos las consecuencias”, señaló.
Canedo advirtió sobre una “efervescencia de discursos racistas” que estaría reactivando “heridas históricas” en torno a un problema estructural. “Los problemas pueden ser económico-sociales, pero lo que se toca son las identidades étnicas”, afirmó. Describió un país con una mayoría que “sufre las peores condiciones sociales y económicas” frente a una minoría “que sí goza de privilegios”, y advirtió que, si el Estado no equilibra las condiciones para los sectores vulnerables, existe el riesgo de que la sociedad derive en “un ajuste de cuentas” con “resentimiento, revancha y odio”.
El conflicto, que ya cumple cerca de un mes, deja al menos nueve fallecidos, seis de ellos personas que no pudieron recibir atención médica oportuna a causa de los cortes 
