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Paz promulga la ley que autoriza a las Fuerzas Armadas a intervenir en los conflictos internos de Bolivia
La nueva ley deroga la Ley 1341, una norma que había entrado en vigencia hacia el final de la presidencia transitoria de Jeanine Áñez en 2020 El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, promulgó este miércoles la Ley 1731, una norma que elimina las restricciones existentes sobre la intervención de las Fuerzas Armadas en los conflictos internos del país. La firma del documento, ocurrida pasada la medianoche, llega tras casi un mes de bloqueos de carreteras impulsados por sectores que exigen su renuncia y aumenta la presión sobre el mandatario para autorizar el despliegue militar en las calles y rutas de Bolivia.
La nueva ley deroga la Ley 1341, una norma que había entrado en vigencia hacia el final de la presidencia transitoria de Jeanine Áñez en 2020, promovida por el entonces Congreso controlado por parlamentarios del Movimiento al Socialismo (MAS) tras las duras represiones del Gobierno transitorio contra los manifestantes que protestaban por el derrocamiento del expresidente Evo Morales (2006-2019). Esa normativa funcionaba como una limitación al Poder Ejecutivo durante los estados de excepción, e incluía restricciones de tiempo y la condición de que el Ejército sólo pudiera intervenir si la Policía se veía superada por las circunstancias.
La Cámara de Diputados sancionó la Ley 1731 con una mayoría de dos tercios tras un debate de casi cinco horas, momentos antes de que el Ejecutivo la rubricara. Los legisladores que respaldaron la anulación justificaron la medida como un instrumento necesario para “poner orden” en un país atravesado por las protestas de sectores populares y movimientos sociales que reclaman la renuncia del presidente, en medio de una crisis económica con inflación interanual del 14% y desabastecimiento crítico en La Paz y El Alto. “Se ha elegido un Gobierno legítimo y está en ejecución la ruptura del orden constitucional y democrático”, afirmó el asambleísta Carlos Alarcón, de la bancada de derecha Unidad, aliada del oficialismo, que impulsó la derogación. El legislador atribuyó las movilizaciones a los “apetitos personales” del expresidente Morales y de su entorno.
En los últimos ocho días se registraron tres enfrentamientos en el centro de La Paz entre manifestantes y fuerzas policiales, en una escalada de violencia que se cobró la vida de un manifestante. El Gobierno responsabiliza además a quienes mantienen bloqueadas las rutas de la muerte indirecta de cuatro personas que no pudieron acceder a atención médica oportuna debido a los cortes. Las protestas, originadas a comienzos de mayo por reclamos salariales, escasez y mala calidad de los combustibles, derivaron en exigencias de renuncia del mandatario, a seis meses de su asunción, y se concentran principalmente en la zona andina, con epicentro en el departamento de La Paz.
Los intentos del presidente de abrir mesas de diálogo han fracasado de forma sucesiva. La nueva ley llega después de dos operativos conjuntos de Policía y Fuerzas Armadas que no lograron despejar las vías troncales bloqueadas y mientras el expresidente Morales, prófugo en el Chapare por un proceso judicial por presunta trata agravada de menores, exige públicamente la convocatoria de elecciones generales en un plazo de noventa días.
