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El boliviano Paz apuesta por desgastar las protestas y evita desplegar al Ejército
La estrategia ha generado impaciencia en La Paz, desabastecida de combustible y alimentos por más de un mes, pero le ha permitido al Gobierno resistir más de 40 días El Gobierno de Bolivia ha optado por desgastar las protestas sociales que sacuden al país desde hace alrededor de seis semanas, en lugar de recurrir a la mano dura. El presidente, Rodrigo Paz, promulgó a comienzos de junio una ley que regula los estados de excepción, pero hasta ahora no ha decretado el despliegue de las Fuerzas Armadas para desbloquear las carreteras, y se inclina por agotar a los manifestantes y por desarticular los movimientos que piden su renuncia mediante la detención o la persuasión de sus dirigentes. “La nueva Bolivia se construirá con diálogo, sin dar lugar a la violencia”, afirmó el vocero presidencial, José Luis Gálvez.
El Ejecutivo asegura que la estrategia da resultados. El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, sostuvo que el conflicto entra en su “fase final”, y los puntos de bloqueo descendieron de unos 90 la semana pasada a poco más de 50, según la Administradora Boliviana de Carreteras. Las poblaciones campesinas de La Paz, las primeras en movilizarse, mantienen sin embargo las medidas de presión; un dirigente campesino, Aquilardo Caricari, advirtió que cualquier acuerdo entre el Gobierno y algunos ejecutivos sindicales será desconocido por “las bases”.
El alto número de detenciones de dirigentes sociales alimenta las acusaciones de que el Gobierno busca descabezar o amedrentar a las organizaciones. Algunos líderes —como Mario Argollo, de la Central Obrera Boliviana (COB), o el minero Andrés Paye— pasaron a la clandestinidad por las órdenes de aprehensión en su contra. La COB denunció arrestos irregulares por parte de “policías encapuchados”: “Parece terrorismo de Estado”, acusó uno de sus integrantes, Edgar Salazar. Otros sectores cuestionan, en cambio, que el Gobierno negocie con dirigentes que, dicen, no representan al movimiento. Los manifestantes corean la consigna “renuncia o convulsión”.
La estrategia ha generado impaciencia en La Paz, desabastecida de combustible y alimentos por más de un mes, pero le ha permitido al Gobierno resistir más de 40 días. El periodista Andrés Gómez señaló que el enfoque “reduce el número de muertos”, aunque con un “costo político enorme”. El antecedente está presente: las protestas de 2019 forzaron la renuncia de Evo Morales en 21 días, y en 2003 los mismos sectores hicieron caer a Gonzalo Sánchez de Lozada en 16, en una crisis que dejó 67 muertos. Para el analista Guido Alejo, el despliegue militar es la “última opción” y resulta “poco factible” a corto plazo por su costo político.
En el plano discursivo, Paz ha sostenido que las protestas están financiadas por el “narcoterrorismo”, una acusación que no ha respaldado con pruebas y que ha sido secundada por el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, y por la alianza regional Escudo de las Américas. Paz llegó al poder en octubre pasado, al ganar el balotaje que puso fin a dos décadas de gobiernos del Movimiento al Socialismo, y enfrenta su crisis más grave en medio de una aguda escasez de divisas.
