Venezuela comunicó a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) “su decisión soberana de no participar en el procedimiento” solicitado por Guyana para resolver la controversia fronteriza sobre el Esequibo.
El diálogo para pacificar Nicaragua tras dos meses de protestas con 220 muertos, quedó el lunes en entredicho cuando la oposición condicionó su participación a la presencia de organismos internacionales de derechos humanos. La Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia abandonó las mesas de trabajo tras acusar al gobierno de incumplir un acuerdo para invitar a los organismos internacionales a ayudar a investigar la violencia contra las sangrientas protestas.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) informó el lunes que recibió autorización de Nicaragua para realizar una visita al país y evaluar la situación tras las protestas contra el presidente Daniel Ortega que han dejado decenas de muertos.
Estados Unidos bloqueó el lunes la adopción de un comunicado del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para pedir una investigación independiente sobre los enfrentamientos mortales en la franja de Gaza producidos tras el traslado de la embajada norteamericana a Jerusalén.
El Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU pidió a las autoridades de Nicaragua que les permitan acceder al país para investigar sobre las muertes en las manifestaciones contra el gobierno de Daniel Ortega.
Entre 2015 y 2017, el número de inmigrantes venezolanos en Latinoamérica pasó de 89.000 a 900.000 personas, lo que representa un incremento de más del 900%, según informó la Organización Internacional de las Migraciones (OIM). En todo el mundo, la inmigración venezolana creció en ese mismo periodo casi un 110%, al pasar de 700.000 personas a 1,5 millones, según la misma fuente.
El Gobierno de Venezuela consideró “inaceptable” recurrir a un “arreglo judicial” en la Corte Internacional de Justicia de La Haya para resolver la disputa fronteriza por la región del Esequibo con Guyana, país que acaba de aprobar la iniciativa de Naciones Unidas de llevar el caso ante ese tribunal.
La ONU insistió en que, por el momento, no se plantea enviar observadores electorales a Venezuela dado que no cuenta con un mandato para ello por parte de los Estados miembros.
Unos 145.000 venezolanos han buscado protección internacional entre 2014 y principios de marzo de 2018, principalmente en las Américas, lo que supone un aumento del 2.000%, informó la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR).
Un cúmulo de fuerzas políticas y sociales que se aliaron para oponerse al Gobierno de Nicolás Maduro pidió este lunes a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) no participar como observadores de las elecciones que Venezuela celebrará el 20 de mayo y que considera fraudulentas.