La presidenta brasileña, Dilma Rousseff, negó este jueves que pretenda promover una reforma en el gabinete para enfrentar la crisis económica y política del país, tras la renuncia del ministro de Educación, Cid Gomes, por una acalorada discusión.
El ex presidente del Banco Central (BC) de Brasil y socio de Gavea Investimentos Arminio Fraga dijo que la meta de superávit primario que busca el equipo económico de la presidenta Dilma Rousseff es insuficiente para frenar el aumento de la deuda bruta frente a la suba de los intereses y el deterioro de las perspectivas de crecimiento económico.
El Congreso brasileño publicó el presupuesto nacional para 2015, que, pese a sombrías previsiones de los analistas privados, prevé un crecimiento del 0,8% y un superávit fiscal equivalente al 1,20% del producto interno bruto (PIB) para el pago de la deuda pública.
La tasa de aprobación del gobierno de la mandataria brasileña, Dilma Rousseff, cayó al 13% cuando aún no se cumplen tres meses del segundo período presidencial para el que fue reelegida en octubre pasado, según una encuesta divulgada esta semana.
Dilma Rousseff anunció un conjunto de cinco propuestas de medidas de combate a la corrupción, en un intento de responder a las masivas protestas populares del domingo pasado, que sacaron a las calles a 1,7 millones de personas.
La policía brasileña desarticuló una red de corrupción acusada de haber desviado cerca de 100 millones de reales (unos 31,2 millones de dólares) de la Caixa Económica Federal, el segundo mayor banco público de Brasil, informaron fuentes oficiales.
Un lunes principios de semana poco alentador para la economía de Brasil: analistas de la banca privada consultados por el Banco Central brasileño, aumentaron la previsión de inflación para 2015 que prevén termine en el 7,93% por encima de la previsión oficial del 6,5%, a la vez que se expande el pesimismo.
El gobierno brasileño anunció este lunes que está “abierto al más amplio diálogo” con sectores políticos y sociales que el domingo llevaron a más de millón y medio de personas a las calles para protestar contra la gestión de la presidenta Dilma Rousseff.
El presidente de la Cámara de Diputados de Brasil, Eduardo Cunha, reafirmó el lunes que negará cualquier solicitud para abrir un juicio político con vistas a la destitución de la mandataria Dilma Rousseff. Según Cunha, un juicio político, como exigieron algunos grupos minoritarios en las multitudinarias protestas, “no es solución” y “está al borde de lo ilegal y lo inconstitucional”.
Fiscales brasileños acusaron formalmente el lunes al tesorero del gobernante Partido de los Trabajadores (PT) y a otras 26 personas por actos de corrupción ligados a la compañía estatal Petrobras, en un nuevo golpe contra la presidenta.