
La Cámara de Diputados de Argentina debate este miércoles desde las 12.00 la ley de defensa de la soberanía nacional, que endurece las sanciones por la explotación no autorizada de recursos en las Falklands/Malvinas. El Gobierno de Javier Milei confía en aprobarla en general, pero no tiene asegurados los votos para el capítulo sobre injerencia extranjera, que exige una mayoría especial.

Los ministros de Relaciones Exteriores de los países iberoamericanos aprobaron por unanimidad en Madrid un comunicado especial que respalda el reclamo argentino de soberanía sobre las Falklands/Malvinas y pide a Argentina y al Reino Unido que reanuden las negociaciones, en vísperas de la audiencia en Hamburgo por el proyecto petrolero Sea Lion.

Casi un centenar de intelectuales, juristas, historiadores y políticos argentinos han firmado una declaración en la que rechazan que la disputa por las Falklands/Malvinas se haya convertido en una “causa nacional” que “no admite disensos”, y critican al Gobierno de Javier Milei por actuar con “oportunismo flagrante” en plena escalada con el Reino Unido por el proyecto petrolero Sea Lion.

El vicesecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, reconoció este jueves en Buenos Aires que Washington sigue de cerca el impacto que el proyecto argentino de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, que endurece las sanciones contra quienes participen en la explotación de hidrocarburos en las Falklands/Malvinas, podría tener sobre sus empresas. El canciller argentino, Pablo Quirno, defendió la iniciativa.

El Gobierno británico afirmó el martes que las medidas provisionales que pueda dictar el Tribunal Internacional del Derecho del Mar son vinculantes y que el Reino Unido cumple sus obligaciones internacionales, el mismo día en que Argentina presentó ante ese tribunal una solicitud para frenar el proyecto petrolero Sea Lion, en aguas de las Falklands/Malvinas. En paralelo, Londres anunció que usará su legislación de protección de intereses comerciales para blindar a las empresas británicas frente a las sanciones argentinas.

El canciller uruguayo, Mario Lubetkin, sostuvo que la disputa por las Falklands/Malvinas cambió de naturaleza con la exploración petrolera: una cosa, dijo, es “la isla invadida” y “la lucha contra el colonialismo”, y otra “cuando de ahí se saca mucho dinero”. Sus declaraciones llegan mientras el Gobierno de Yamandú Orsi evalúa comprar dos patrulleros a la Marina Real británica, una operación que ya motivó una resolución de veinte diputados del partido del presidente argentino, Javier Milei.

El secretario de Defensa británico, Wes Streeting, afirmó que Argentina “carece de la capacidad” para tomar las Falklands/Malvinas y que el Reino Unido “tiene la capacidad de defenderlas”, en una entrevista con el dominical The Sun on Sunday publicada el sábado. Consultado sobre si Londres podría proteger militarmente el archipiélago en caso de que Buenos Aires enviara buques de guerra, respondió afirmativamente.

El presidente argentino, Javier Milei, reclamó este miércoles ante la Asamblea General de las Naciones Unidas que el organismo intervenga frente a lo que describió como acciones unilaterales del Reino Unido en las Falklands/Malvinas, y acusó a la institución de haber decidido mirar para otro lado en la disputa. Malvinas es para nosotros una causa nacional, afirmó, repitiendo la frase dos veces al comienzo de su intervención.

La ministra británica para los Territorios de Ultramar, Uma Kumaran, calificó este viernes de “inaceptables” y “sin justificación legal” los procedimientos que Argentina abrió contra empresas y particulares vinculados a la actividad económica en las Falklands/Malvinas, y afirmó que la red diplomática del Reino Unido respalda plenamente a los alcanzados.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Argentina expresó este martes su más enérgico rechazo a la guía que el Gobierno británico publicó el día anterior para las empresas que desarrollan actividad económica en las Falklands/Malvinas, y anunció que continuará aplicando su legislación contra las compañías que operen hidrocarburos en la zona sin autorización argentina.