El canciller Pablo Quirno presentó tres denuncias penales que alcanzan a diez empresas y a sus directivos El Ministerio de Relaciones Exteriores de Argentina expresó este martes su más enérgico rechazo a la guía que el Gobierno británico publicó el día anterior para las empresas que desarrollan actividad económica en las Falklands/Malvinas, y anunció que continuará aplicando su legislación contra las compañías que operen hidrocarburos en la zona sin autorización argentina.
Qué dice Buenos Aires
La Cancillería sostuvo que los archipiélagos y los espacios marítimos correspondientes son parte integrante de su territorio nacional y se encuentran ilegítimamente ocupados por el Reino Unido. Su respuesta abarca, además de las Falklands/Malvinas, las Georgias del Sur y las Sandwich del Sur, un alcance mayor que el del documento británico, referido solo al primer archipiélago. Argentina afirma que la emisión de normativas, las licencias otorgadas de forma unilateral, los llamados a proveedores y la promoción comercial británica vulneran la Resolución 31/49 de la Asamblea General de la ONU, que insta a ambos países a abstenerse de introducir modificaciones unilaterales mientras esté pendiente una solución. Advirtió también que la actividad hidrocarburífera proyectada podría tener efectos irreversibles sobre recursos no renovables. Son posiciones del Gobierno argentino, disputadas por el Reino Unido.
Qué decía la guía
El documento, titulado Doing business with the Falkland Islands, fue publicado el lunes por la Oficina de Asuntos Exteriores, Commonwealth y Desarrollo junto con el ministerio británico de empresas y comercio. Sostiene que Londres no alberga dudas sobre su soberanía, que Argentina no ejerce jurisdicción ni su derecho interno resulta aplicable en las islas, y que la regulación de la actividad económica corresponde al gobierno isleño. Ofrece asistencia a las compañías que reciban comunicaciones argentinas y afirma que no advierte la base por la cual tribunales de terceros países puedan ejercer jurisdicción sobre esas medidas. Son posiciones del Gobierno británico, disputadas por Argentina.
El hecho diplomático
Tras la decisión final de inversión de Rockhopper Exploration, de capital británico, y Navitas Petroleum, israelí, sobre el proyecto Sea Lion en la cuenca norte del archipiélago, la Cancillería convocó a los embajadores del Reino Unido y de Israel para entregarles notas formales de protesta en mano. Hay precedentes: Argentina citó a la representación británica en 2010 por el inicio de perforaciones en la zona, y Londres protestó formalmente cuando se sancionó la ley que prevé castigos a las petroleras.
El balance de la ofensiva
Según la Cancillería, ha enviado cerca de 180 notas de advertencia y asunción de riesgos a personas físicas y jurídicas en 30 países, inició 60 procedimientos administrativos y el canciller Pablo Quirno presentó tres denuncias penales que alcanzan a diez empresas y a sus directivos. Ninguna imputación ha sido probada y ningún procedimiento derivó todavía en sanción.
El marco
Las resoluciones que Argentina invoca son de la Asamblea General y tienen carácter de recomendación, sin fuerza obligatoria. La 2065, de 1965, invita a ambos Estados a negociar; el Gobierno argentino reiteró su disposición a retomar un diálogo constructivo y sustantivo. Londres condiciona cualquier discusión de soberanía a la voluntad de los isleños, que en el referéndum de 2013 optaron por mantener el estatus de territorio británico de ultramar con el 99,8% de los votos.