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El Gobierno argentino dice que la base naval de Ushuaia vigilará recursos y soberanía
El portavoz presidencial, Adrián Ravier, sostuvo en la Casa Rosada que la instalación incorporará funciones logísticas y será un punto estratégico para la proyección argentina hacia el Atlántico Sur El Gobierno argentino afirmó este martes que la base naval integrada que proyecta en Ushuaia permitirá vigilar y controlar los recursos naturales y la soberanía en el Atlántico Sur, y anunció que presentará nuevas denuncias contra empresas que exploren o exploten hidrocarburos sin autorización argentina en aguas próximas a las Falklands/Malvinas.
El portavoz presidencial, Adrián Ravier, sostuvo en la Casa Rosada que la instalación incorporará funciones logísticas y será un punto estratégico para la proyección argentina hacia el Atlántico Sur. Días antes, el mismo vocero había subrayado que la base no tiene carácter bélico y que funcionará como polo logístico y de apoyo operativo y científico para la proyección hacia la Antártida.
Ravier señaló que la instalación reforzará la protección naval y aérea con un avión de patrulla marítima P-3 Orion y con los cazas F-16 adquiridos a Dinamarca, y que se construirán muelles comerciales y civiles para favorecer la actividad económica de la región. También afirmó que las empresas vinculadas a la exploración en la zona en disputa no podrán contratar con el Estado argentino, adherir al régimen de incentivos a grandes inversiones, recibir beneficios fiscales ni participar en la explotación de Vaca Muerta, el principal yacimiento no convencional del país, situado en la provincia de Neuquén.
La obra comenzó en 2022, durante el gobierno de Alberto Fernández, y quedó prácticamente paralizada. Registra un avance físico del 9,13%, consistente en una placa de hormigón de unos 2.500 metros cuadrados dentro de un predio de 38 hectáreas, según datos del propio Gobierno. El ministro de Defensa, Carlos Presti, afirmó el viernes que los trabajos se retomarán el 2 de enero, una vez cerradas las licitaciones públicas.
El Ejecutivo reasignó unos 142 millones de dólares al proyecto mediante el decreto 867 y busca el resto del financiamiento. Ravier descartó de forma categórica cualquier participación extranjera: dijo que no existe acuerdo alguno con Estados Unidos ni apoyo de ninguna índole, y que la base será enteramente argentina.
Ushuaia se encuentra a unos 700 kilómetros del archipiélago, un territorio británico de ultramar cuya soberanía reclama Argentina. En el referéndum de 2013, el 99,8% de los votantes optó por mantener ese estatus.
El anuncio se inscribe en la ofensiva lanzada por el presidente Javier Milei el 3 de septiembre. Hasta ahora, la Cancillería mantiene abiertos procedimientos administrativos contra al menos 60 personas y empresas bajo la Ley 26.659, sin sanción aplicada, y presentó el 7 de septiembre una denuncia penal contra cinco sociedades vinculadas al proyecto Sea Lion, radicada en el juzgado federal de Julián Ercolini. Ninguna imputación ha sido probada. Argentina ya había inhabilitado por veinte años a Rockhopper en 2013 y a Navitas en abril de 2022.
Ravier afirmó además que al menos tres de las mayores empresas del sector se desvincularon del proyecto Sea Lion, y que el Gobierno chileno de José Antonio Kast se comprometió a no brindar asistencia logística a buques británicos. Ninguna de las dos afirmaciones fue confirmada de forma independiente.
