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La defensa de Kirchner busca levantar la inhabilitación antes de las elecciones de 2027
El elemento añadido es una auditoría económica encargada por la propia defensa, no una pericia judicial Los abogados de la expresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner anunciaron este martes que incorporaron un nuevo elemento a la presentación que tramitan ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU, con la que buscan revertir su condena firme en la causa Vialidad y, en lo inmediato, dejar sin efecto la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos que le impide competir en las presidenciales del año próximo.
La defensa sostiene abiertamente que el proceso judicial tuvo como finalidad su proscripción electoral. La comunicación individual fue presentada a fines de julio y documenta ocho presuntas violaciones al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Entre ellas invoca el artículo 14.5, alegando que la Cámara de Casación no efectuó una revisión real y exhaustiva de los agravios, y el artículo 14.7, sosteniendo que 49 de las 51 obras públicas juzgadas ya habían sido objeto de investigaciones cerradas por sobreseimiento o archivo.
El elemento añadido es una auditoría económica encargada por la propia defensa, no una pericia judicial. Su punto de partida es una planilla de la Dirección Nacional de Vialidad que salió a la luz el 6 de agosto, cuando un técnico del organismo declaró como testigo en la causa Cuadernos, un juicio en desarrollo en el que Kirchner también está acusada y donde rige la presunción de inocencia.
Según ese informe, elaborado por el economista brasileño Antonio Corrêa de Lacerda, las empresas del Grupo Austral, de Lázaro Báez, recibieron 18,66 millones de dólares, el 0,85% de los más de 2.000 millones desembolsados a través de una de las fuentes de financiamiento del organismo. El estudio añade que las quince principales constructoras concentraron el 75% de esos recursos. “La sentencia fue absolutamente injusta y se condenó a una persona inocente”, afirmó el abogado Carlos Beraldi en una conferencia de prensa en Buenos Aires.
La condena, sin embargo, no versó sobre la participación de Báez en el conjunto del gasto vial. El fallo, confirmado por la Corte Suprema en junio de 2025, declaró a Kirchner culpable de administración fraudulenta por la adjudicación irregular de 51 obras viales en la provincia de Santa Cruz, con sobreprecios, ampliaciones de plazo y pagos anticipados, y estimó el perjuicio al Estado en unos 500 millones de dólares. Le impuso seis años de prisión, que cumple en arresto domiciliario desde hace unos quince meses. La conducta central imputada fue la firma del decreto 54/2009, que la fiscalía describió como el instrumento de la maniobra.
Ni la fiscalía ni los tribunales intervinientes se pronunciaron sobre la presentación.
El Comité de Derechos Humanos examina comunicaciones individuales bajo el Protocolo Facultativo del Pacto y emite dictámenes que no son vinculantes ni anulan sentencias internas; puede solicitar medidas provisionales, también sin fuerza obligatoria. La defensa espera que el órgano acepte tratar el planteo en su próxima reunión, prevista entre fines de octubre y comienzos de noviembre, y anticipó que después pedirá la revisión de la condena ante la justicia argentina.
El equipo lo integran, junto a Beraldi, el brasileño Rafael Valim, abogado del presidente Lula da Silva, y el español Javier Borrego, exjuez del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
