Banderas de los Territorios de Ultramar británicos ondean junto al Parlamento en Westminster, Londres. La Biblioteca de la Cámara de los Comunes del Reino Unido publicó un informe técnico que sistematiza la respuesta del Gobierno de Andy Burnham a la ofensiva legal, económica y diplomática de Argentina contra el proyecto petrolero Sea Lion, al norte de las Falklands/Malvinas, a nueve días de que el Tribunal Internacional del Derecho del Mar decida si ordena paralizarlo.
La Biblioteca de la Cámara de los Comunes del Reino Unido publicó un informe técnico que sistematiza la respuesta del Gobierno de Andy Burnham a la ofensiva legal, económica y diplomática de Argentina contra el proyecto petrolero Sea Lion, al norte de las Falklands/Malvinas, a nueve días de que el Tribunal Internacional del Derecho del Mar decida si ordena paralizarlo.
El documento, elaborado por los investigadores Patrick Butchard, John Curtis y Philip Loft, no es una declaración del Gobierno, sino un análisis destinado a orientar a los legisladores, según informó el diario Infobae. Repasa cuatro frentes de la ofensiva argentina este año: la reafirmación de la soberanía ante la Asamblea General de la ONU, las sanciones contra unas 60 personas y empresas vinculadas a la exploración, la reactivación de las obras de la base naval de Ushuaia y la demanda ante el tribunal de Hamburgo. El Gobierno del Reino Unido ha señalado que impugnará el caso legal e introducirá protecciones para las empresas que operan en las islas, resume.
Entre esas respuestas figura la guía de negocios publicada en septiembre por la ministra para los Territorios de Ultramar, Uma Kumaran, según la cual los habitantes de las islas tienen el derecho a desarrollar sus recursos naturales como lo consideren conveniente, con el pleno respaldo del Gobierno a las empresas. En octubre, Londres anunció medidas bajo su legislación de protección de intereses comerciales para que las empresas británicas puedan continuar tomando decisiones comerciales conforme a la legislación británica pese a las sanciones argentinas.
El informe dedica un apartado a Estados Unidos. Recuerda que Donald Trump dijo en agosto que su Gobierno revisaba su tradicional neutralidad sobre la soberanía de las islas, y que Burnham le trasladó después las consecuencias económicas de las medidas coercitivas argentinas para el Reino Unido y Estados Unidos. Citando a medios argentinos, señala que la preocupación de Washington por posibles sanciones a sus empresas habría llevado a ralentizar la ley argentina de defensa de la soberanía.
Esa ley sufrió el miércoles un nuevo revés: la sesión de la Cámara de Diputados convocada para debatirla fracasó por falta de quórum, con 126 diputados presentes, tres menos de los 129 necesarios, tras la negativa de los bloques Provincias Unidas y MID a sentarse en sus escaños por sus objeciones a los artículos sobre injerencia extranjera y libertad de expresión.
El canciller argentino, Pablo Quirno, defendió el mismo miércoles la vía judicial. Este arbitraje se centra en la explotación de los recursos naturales mientras el tema de fondo no está decidido, dijo en un foro jurídico en Buenos Aires. Una vez que se saca una gota de petróleo, esa gota no es recuperable. Quirno anticipó que, sea cual sea la decisión del 28 de noviembre, el arbitraje sigue.
Sea Lion, operado por la británica Rockhopper Exploration y la israelí Navitas Petroleum a unos 220 kilómetros al norte de las islas, tiene unas reservas estimadas de 1.700 millones de barriles y prevé iniciar las perforaciones en enero de 2027.