
El Tribunal Internacional del Derecho del Mar celebrará el 10 y 11 de noviembre la audiencia sobre la solicitud de Argentina para que ordene al Reino Unido frenar el proyecto petrolero Sea Lion, al norte de las Falklands/Malvinas. La fecha la fijó el presidente del tribunal, el juez Maurice K. Kamga, en una orden del 20 de octubre.

La escalada entre Argentina y el Reino Unido por el proyecto petrolero Sea Lion, al norte de las Falklands/Malvinas, se ha extendido al comercio: Londres, miembro del Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico, no descarta usar su posición para frenar la candidatura argentina a ese acuerdo, que requiere el consenso de todos sus socios. El Gobierno británico sostiene que la conducta de Buenos Aires plantea “muy serias dudas sobre su fiabilidad como socio”.

El proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, con el que el Gobierno de Javier Milei busca endurecer las sanciones contra quienes participen en la explotación de recursos en las Falklands/Malvinas, no consiguió dictamen en la Cámara de Diputados y no llegará a la sesión especial prevista para el 21 de octubre, según la prensa argentina. La oposición exige dividir un texto que, además de las sanciones, reforma la seguridad, la defensa y la inteligencia.

Argentina solicitó a Interpol notificaciones rojas contra personas vinculadas al proyecto petrolero Sea Lion, al norte de las Falklands/Malvinas, y el Reino Unido pidió a la organización que las rechace por considerarlas “políticamente motivadas”, según informó el diario británico The Guardian. Interpol respondió reafirmando el artículo 3 de su estatuto, que le prohíbe cualquier intervención o actividad de carácter político.

Argentina pidió al Tribunal Internacional del Derecho del Mar que ordene al Reino Unido impedir el desarrollo del proyecto petrolero Sea Lion, al norte de las Falklands/Malvinas, y abstenerse de otorgar nuevos permisos para explotar los recursos de la plataforma continental en disputa, según el comunicado publicado por el tribunal, con sede en Hamburgo. La audiencia se fijará “lo antes posible”.

Las sanciones que Argentina ha impuesto a las empresas del proyecto petrolero Sea Lion, al norte de las Falklands/Malvinas, recaen sobre entidades concretas y no sobre grupos empresariales completos, por lo que la filial que hoy opera el yacimiento no está alcanzada de forma automática, según un análisis jurídico del sitio especializado Diplomacy & Law.

El plazo de dos semanas que Argentina dio al Reino Unido para frenar el proyecto petrolero Sea Lion, en la cuenca norte de las Falklands/Malvinas, vence hacia el 12 de octubre. Su vencimiento no suspenderá por sí mismo el proyecto ni establecerá una violación británica de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, según un análisis jurídico publicado por el sitio especializado Diplomacy & Law.

La empresa estadounidense de servicios petroleros Halliburton confirmó el viernes que ni ella ni sus filiales trabajarán en el proyecto Sea Lion ni participarán en actividades de exploración o producción de hidrocarburos en las Falklands/Malvinas o sus alrededores, después de que las autoridades argentinas le plantearan la aplicación de sanciones penales y civiles.

El Gobierno británico rechazó la decisión argentina de iniciar un arbitraje internacional por el proyecto petrolero Sea Lion y afirmó que la ofensiva de Buenos Aires sobre las Falklands/Malvinas “plantea interrogantes sobre la fiabilidad de Argentina como socio del Reino Unido”. Es la primera vez que Londres proyecta la disputa sobre el conjunto de la relación bilateral.

El presidente argentino, Javier Milei, instruyó este lunes a la Cancillería y a los equipos jurídicos del Gobierno a iniciar un procedimiento de arbitraje internacional contra el Reino Unido por el desarrollo del proyecto petrolero Sea Lion, en la cuenca norte de las Falklands/Malvinas, y dio a Londres un plazo de dos semanas para frenar la actividad antes de acudir al Tribunal Internacional del Derecho del Mar.