Argentina reclama la soberanía del archipiélago y sostiene que las licencias otorgadas por el gobierno isleño carecen de validez La ministra británica para los Territorios de Ultramar, Uma Kumaran, calificó este viernes de “inaceptables” y “sin justificación legal” los procedimientos que Argentina abrió contra empresas y particulares vinculados a la actividad económica en las Falklands/Malvinas, y afirmó que la red diplomática del Reino Unido respalda plenamente a los alcanzados.
El Reino Unido es claro: las Falkland Islands son británicas y tienen derecho a desarrollar sus recursos naturales como consideren adecuado. Esto es parte integral de su derecho a la autodeterminación, sostuvo la subsecretaria de Estado parlamentaria en una declaración difundida por la Oficina de Asuntos Exteriores, Commonwealth y Desarrollo. Kumaran, diputada laborista designada en el cargo en julio bajo el Gobierno de Andy Burnham, añadió que no es la primera vez que un gobierno argentino formula amenazas económicas contra los isleños y que, pese a ello, la economía del archipiélago continúa floreciendo. Son posiciones del Gobierno británico, disputadas por Argentina.
La declaración incluye una advertencia sin destinatario preciso: sostiene que cualquier intento de politizar mecanismos internacionales contra individuos por hacer negocios con las Falklands es ilegítimo, sin especificar a qué mecanismos se refiere. Kumaran afirmó también que trabajará con el gobierno isleño incansablemente para proteger sus deseos.
Es la segunda intervención oficial británica en la materia en una semana. El martes, el FCDO publicó junto al ministerio de empresas y comercio una guía dirigida a las compañías que operan en el archipiélago, que la Cancillería argentina rechazó al día siguiente. A comienzos de mes, Kumaran ya había difundido un video en el que afirmaba que las islas son y seguirán siendo un Territorio Británico de Ultramar, conforme a los deseos de los isleños.
Los procedimientos a los que alude la declaración comprenden tres denuncias penales que alcanzan a diez empresas y sus directivos, 60 expedientes administrativos abiertos sin sanción aplicada, y unas 180 notas de advertencia enviadas a personas físicas y jurídicas en 30 países. Ninguna imputación ha sido probada. El jueves, el Gobierno argentino envió además al Congreso un proyecto que reemplaza la Ley 26.659 y amplía las prohibiciones a todo recurso natural en la plataforma continental.
Argentina reclama la soberanía del archipiélago y sostiene que las licencias otorgadas por el gobierno isleño carecen de validez. En el referéndum de 2013, el 99,8% de los votantes optó por mantener el estatus de territorio británico de ultramar.