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Milei envía al Congreso su ley de soberanía por las Falklands/Malvinas, con un registro antiterrorista incluido
Foto: REUTERS/Mariana Nedelcu El Gobierno argentino envió este jueves al Congreso el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, presentado por el presidente Javier Milei como “un hito en el proceso de recuperación” de las Falklands/Malvinas, un texto que endurece las sanciones a la explotación de recursos naturales en la zona en disputa y crea, además, un registro de personas vinculadas al terrorismo que no requiere causa penal previa.
El proyecto, firmado por Milei junto al jefe de Gabinete, Diego Santilli, y los ministros Pablo Quirno, Carlos Presti y Luis Caputo, reemplaza la Ley 26.659, vigente desde 2011, y amplía su alcance: ya no solo hidrocarburos, sino cualquier recurso natural, renovable o no, en la plataforma continental argentina. Según el comunicado oficial, se estructura sobre tres ejes: “castigar a quienes explotan nuestros recursos naturales de forma ilegítima; generar los incentivos para que cesen en esa conducta; y dotar al Estado nacional de herramientas para protegerse frente a amenazas externas”. Las empresas que resulten inhabilitadas correrían el riesgo de no poder operar en ningún punto del país, más allá de su actividad vinculada al archipiélago.
El proyecto crea un Consejo de Seguridad Nacional, presidido por Milei, con facultad para disponer “medidas urgentes” ante una amenaza grave e inminente: restringir operaciones cambiarias y financieras, bloquear temporalmente fondos y activos, suspender autorizaciones o contrataciones, y restringir el comercio exterior. Habilita también a las fuerzas armadas a intervenir en la protección de instalaciones estratégicas.
El punto más cuestionado es la creación, con rango legal, del Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET), a cargo de la Unidad de Información Financiera. La inscripción en el registro “no estará condicionada a la existencia de una acción penal”: bastan “motivos razonables para sospechar” un vínculo con el terrorismo, o una designación del Consejo de Seguridad de la ONU. La medida activa de inmediato la inmovilización de fondos y activos y la inhabilitación para contratar con el Estado, aunque la UIF debe notificar después a un juez federal para su ratificación. El proyecto crea además un delito específico, con penas de cinco a quince años, para quien brinde apoyo material a organizaciones terroristas, y prohíbe los aportes de extranjeros sin residencia permanente a partidos y campañas políticas.
Horas antes del envío al Congreso, la jueza federal Mariel Borruto, de Río Grande, en Tierra del Fuego, había hecho lugar a una medida cautelar —de naturaleza ambiental, no vinculada al proyecto oficial— presentada el 1 de septiembre por el Centro de Excombatientes Islas Malvinas La Plata y la Asociación Civil de Abogados, Abogadas y Profesionales Ambientalistas. La magistrada ordenó a Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum Development and Production abstenerse de iniciar o continuar las obras del proyecto Sea Lion, que contempla 23 pozos, y calificó el riesgo ambiental de “no hipotético ni remoto”. Aclaró expresamente que la resolución no implica un pronunciamiento definitivo sobre la responsabilidad de las empresas ni resuelve la disputa de soberanía con el Reino Unido, que junto a las compañías sostiene que Argentina carece de jurisdicción para aplicar su legislación en el archipiélago.
El proyecto de ley generó críticas inmediatas, incluso de sectores identificados con el reclamo de soberanía. El abogado del Cecim, Jerónimo Guerrero Iraola, advirtió que el Consejo de Seguridad Nacional, tal como está planteado, implica “barrer los límites democráticos y constitucionales que separan seguridad interior de defensa”. El diputado socialista Esteban Paulón sostuvo que, “detrás de una causa sentida y el llamado a la unidad nacional”, el Gobierno busca “concentrar todo el poder en materia de seguridad pública” e “instalar un estado generalizado de sospecha”.
Milei rechazó el miércoles, en una entrevista con el canal de streaming Neura, que la ofensiva por las islas responda a un cálculo electoral de cara a los comicios de 2027, en los que buscará la reelección: “Los analistas políticos dicen que impulsamos Malvinas por cuestión de imagen y oportunismo político. Es una estupidez mayúscula”, afirmó, y sostuvo que la estrategia se viene preparando desde hace tres años y que el detonante fue un comentario del presidente estadounidense, Donald Trump, sobre revisar la postura de neutralidad de su país en la disputa.
