Amnistía Internacional (AI) ha denunciado el uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas del orden venezolanas contra las protestas en reclamo de derechos sociales y económicos. La organización también destacó que estas manifestaciones estaban siendo disuadidas con medidas represivas.
Al menos dos personas murieron y 450 fueron detenidas el lunes en Santiago y otras partes de Chile cuando los manifestantes salieron a las calles para conmemorar el segundo aniversario de los levantamientos populares que derivaron, entre otros cambios, en la reforma constitucional que se está redactando actualmente.
Un tribunal colombiano de la ciudad de Popayán prohibió el uso por parte de agentes del orden del sistema de lanzamiento de municiones Venom, se anunció.
El Alto Comisionado para la Paz del Gobierno de Colombia a cargo de las recientes negociaciones con el opositor Comité Nacional de Paro (CNP), Miguel Ceballos, ha presentado su renuncia al Presidente Iván Duque, se anunció en Bogotá.
El Comité Nacional de Paro de Colombia (CNP) decidió el viernes que las protestas continuarán, a la luz de la respuesta del Gobierno del presidente Iván Duque, a pesar de algunos avances en materia de represión policial.
El presidente de Colombia, Iván Duque, ordenó el lunes un despliegue masivo de la fuerza pública para despejar las carreteras de manifestaciones pacíficas que considera un acto de sabotaje.
Las autoridades colombianas han iniciado medidas disciplinarias contra 65 policías por actos de brutalidad presuntamente cometidos al reprimir manifestaciones contra el proyecto de reforma tributaria del gobierno nacional y que eventualmente se intensificaron a medida que se sumaban demandas de derechos humanos y otras.
Un juez federal de Florida confirmó el martes la decisión de que el expresidente boliviano Gonzalo Sánchez de Lozada (2002-2003) y el exministro de Defensa Carlos Sánchez Berazaín paguen 10 millones de dólares en reparaciones a las víctimas de la represión estatal incontrolada.
La Asamblea Constituyente que rige en Venezuela aprobó una ley que otorga al presidente Nicolás Maduro poderes extraordinarios para tomar decisiones en materia económica, bajo el argumento que ésta será un instrumento para contrarrestar las sanciones impulsadas por Estados Unidos.
El gobierno venezolano no ha evidenciado ninguna voluntad de atender la petición de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU de disolver la Fuerza de Acciones Especiales (FAES) de la Policía Nacional o de acometer otras acciones para prevenir ejecuciones extrajudiciales.