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Manifestantes planean grandes protestas para el miércoles mientras Duque se niega a desmilitarizar Colombia

“Detrás de estos bloqueos hay un interés criminal de sabotear la economía y el desarrollo de las poblaciones”, dijo Duque.

El presidente de Colombia, Iván Duque, ordenó el lunes un despliegue masivo de la fuerza pública para despejar las carreteras de manifestaciones pacíficas que considera “un acto de sabotaje”.

A pesar de los llamamientos internacionales para detener el derramamiento de sangre, Duque ha insistido en que se convoque al infame Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) junto con las fuerzas armadas.

“Hemos instruido a todos los niveles de la fuerza pública para que en los territorios con alcaldes y gobernadores, desplieguen su máxima capacidad operativa para que dentro de la proporcionalidad y estricto cumplimiento de los derechos humanos, permita a los colombianos recuperar la movilidad y el bienestar”, dijo Duque.

El mandatario también insistió en que “detrás de estos bloqueos hay un interés criminal por sabotear la economía y el desarrollo de las poblaciones”. Agregó que “nuestra fuerza pública está en el territorio para proteger a los ciudadanos y se rechaza categóricamente cualquier violación a la Ley”.

Mientras tanto, el opositor Comité Nacional de Desempleo (CNP) ha exigido que para avanzar en las negociaciones el Gobierno debe desmilitarizar el país.

Pero Duque respondió que las tropas “irán avanzando en todos los puntos de nuestra geografía para recuperar la normalidad. Aquí no hay opresión, hay democracia”.

El senador Iván Cepeda y diversas organizaciones no gubernamentales (ONG) han presentado denuncias el pasado jueves ante la Corte Penal Internacional (CPI) y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (ONU) contra el Gobierno colombiano por crímenes de lesa humanidad ocurridos durante las protestas de los últimos 20 días.

Si bien las organizaciones de derechos humanos hablan de más de 50 muertos, el Ministerio del Interior de Colombia reconoció oficialmente el lunes que solo había 24 víctimas hasta el 16 de mayo. Los datos oficiales también admitieron que 14 de ellos estaban relacionados con la protesta, mientras que los otros 10 aún están bajo investigación para determinar si de hecho estaban vinculados a alguna actuación de las fuerzas del gobierno. Además de eso, el gobierno ha admitido que 802 civiles resultaron heridos en todo el país. El informe también incluye a un oficial de policía que murió a causa de una herida de arma cortante y 920 soldados heridos, de los cuales ocho permanecen hospitalizados.

Las organizaciones de derechos humanos también señalan que hubo casi 600 heridos en los disturbios, de los cuales al menos 37 sufrieron heridas en los ojos por disparos de la policía. Además, al menos 1.430 personas fueron detenidas arbitrariamente, se cometió violencia sexual contra 21 mujeres y más de 520 personas fueron reportadas como desaparecidas.

En tanto, los últimos datos de la Defensoría del Pueblo de Colombia, publicados el martes 11, dan cuenta de 42 personas muertas durante las protestas, 41 civiles y un miembro de la policía.

Finalmente, la policía colombiana reporta 735 detenciones in fraganti, 69 detenciones de menores y la incautación de 18.222 armas punzantes, 600 armas de fuego, 318 armas neumáticas y 122 explosivos.

En estas circunstancias, el CNP denunció este lunes que el gobierno del presidente Duque se negó a ofrecer garantías para la protesta social en Colombia, lo que era un requisito para que se procediera a las negociaciones. “Hoy esperamos una respuesta a nuestras demandas de garantías para la protesta, para poder iniciar negociaciones, y el gobierno dijo que no a todo ...”, dijo el Comité en un comunicado.

“El gobierno aún no entiende que estamos en una Huelga Nacional porque esas leyes, esas instancias y esas autoridades no funcionan, no responden a millones de colombianas y colombianos”, sostuvieron los manifestantes, quienes aseguraron que Duque pretende dar una imagen al mundo de respeto al estado de derecho y diálogo sincero, pero al mismo tiempo no reconoce la gravedad y dimensión de la violencia estatal contra los manifestantes y su única preocupación son los bloqueos que exige levantar.

El CNP dejó claro que “La huelga continúa. Por la vida y la paz mantenemos el llamado a las movilizaciones más grandes y pacíficas para este miércoles 19 de mayo, con todos los protocolos de bioseguridad”.

Miguel Ceballos, alto comisionado para la paz y vocero del Gobierno en las negociaciones, dijo que es prioritario el despeje inmediato de las carreteras bloqueadas que traen desabastecimientos y dificultan cualquier reactivación económica. “No es posible iniciar una negociación cuando la violencia en las calles y los bloqueos continúan; aquí hay que tener muy claro: si hay bloqueos, hay violencia, porque cualquier mesa (de negociatión) aunque esté instalada no podrá avanzar,“ señaló.

”No encuentro motivos para que continúen los bloqueos y la voluntad del gobierno es clara, muchos de ellos parecen tener intereses distintos“, agregó.

La ONG Temblores, dedicada a registrar y dar cuenta de la violencia policial local, sostiene que hay 39 homicidios ”presuntamente cometidos por miembros de la fuerza pública” y 16 víctimas de violencia sexual que también se atribuye a los soldados.

Los disturbios continuaban el domingo por la noche. Al menos dos personas murieron y otras 16 resultaron heridas en Yumbo, mientras que la sede de la administración local y la Casa de Justicia en la localidad de La Plata fueron incendiadas. Al menos 11 personas han sido detenidas por estos hechos.