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Amnistía Internacional denuncia uso excesivo de fuerza contra protestas sociales en Venezuela
El documento de AI menciona presuntas ejecuciones extrajudiciales y otras violaciones de derechos humanos Amnistía Internacional (AI) ha denunciado el uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas del orden venezolanas contra las protestas en reclamo de derechos sociales y económicos. La organización también destacó que estas manifestaciones estaban siendo disuadidas con medidas represivas.
En el capítulo sobre Venezuela del informe 2022-2023 de AI, se destaca que la mayoría de la población sufría una grave inseguridad alimentaria y carecía de acceso a atención médica adecuada, según datos de varias ONG e instituciones internacionales.
Aunque disminuyó el número de manifestaciones masivas para exigir derechos civiles y políticos, las autoridades reaccionaron con tácticas represivas más selectivas y sistemáticas, como el uso del sistema judicial para silenciar la disidencia y criminalizar a los defensores de los derechos humanos.
“Los servicios de inteligencia y otras fuerzas de seguridad, con la aquiescencia del sistema judicial, continuaron deteniendo arbitrariamente, torturando y maltratando de otras formas a personas consideradas opositoras al gobierno de Nicolás Maduro”, señala el informe.
AI también indicó que “la negligencia y la falta de mantenimiento continuaron reduciendo el acceso de la población al agua”, lo que provocó numerosas protestas comunitarias, que se suman al total de 7.032 manifestaciones en 2022, muchas de las cuales acabaron en represión y detenciones arbitrarias.
Citando investigaciones de la ONU y de varias ONG locales, AI insiste en que hay violaciones de derechos humanos contra las mujeres, debido a la persistente criminalización del aborto que no encuentran un enfoque de género en las instituciones del Estado cuando acuden a presentar denuncias.
El reporte también menciona la persistente impunidad en casos de presuntas ejecuciones extrajudiciales, violaciones a los derechos de los pueblos indígenas -debido, entre otras razones, a la explotación minera por parte del Estado-, así como persecución contra activistas y defensores de derechos humanos.
“La práctica de las detenciones arbitrarias seguía siendo generalizada y con frecuencia se infligían torturas u otros malos tratos bajo custodia. Las autoridades también llevaron a cabo desapariciones forzadas de corta duración como parte de este patrón de violaciones de derechos humanos”, añade el informe.
