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Tribunal de EE. UU. falla contra el expresidente boliviano Sánchez de Losada y un colaborador cercano

Sánchez de Lozada y el exministro de defensa fueron declarados responsables de las ejecuciones extrajudiciales registradas tras la promulgación del Decreto Supremo 27209 de 2003

Un juez federal de Florida confirmó el martes la decisión de que el expresidente boliviano Gonzalo Sánchez de Lozada (2002-2003) y el exministro de Defensa Carlos Sánchez Berazaín paguen 10 millones de dólares en reparaciones a las víctimas de la represión estatal incontrolada.

Si bien los hechos de octubre de 2003 provocaron la muerte de más de 60 víctimas, los familiares de solo ocho de ellos interpusieron la demanda.

El juez James Cohn del Distrito Federal de Miami emitió su fallo basado en la Ley de Protección a las Víctimas de la Tortura (TVPA) de 1992. Durante el proceso, el jurado escuchó los testimonios de 40 testigos durante un juicio oral que duró tres semanas.

Sánchez de Lozada y Sánchez Berazaín fueron declarados responsables de las ejecuciones extrajudiciales registradas tras la promulgación del Decreto Supremo 27209 del 11 de octubre de 2003, que los analistas encuentran similar al 4078 del 15 de noviembre de 2019 que derivó en otras masacres.

El actual ministro de Gobierno de Bolivia, Carlos del Castillo, publicó en Twitter que el fallo judicial fue una buena noticia para el pueblo boliviano. “Se hizo justicia”, escribió.

El abogado Thomas Becker, que representó a los demandantes, calificó de histórica la decisión del juez estadounidense por haber rechazado las mociones presentadas por la defensa, quien huyó del país pero no pudo escapar de la Justicia. “Las víctimas de 2003 y el pueblo boliviano no solo han enviado un mensaje a quienes matan a su pueblo en Bolivia y en otros países. Han enviado un mensaje muy poderoso al gobierno de Estados Unidos de que no pueden proteger a los violadores de derechos humanos'', enfatizó Becker. En cuanto a las atrocidades de Senkata (El Alto) y Sacaba (Cochabamba), Becker destacó que la decisión del juez James Cohn sienta un precedente para casos similares de homicidios en Bolivia.

El ministro de Justicia de Bolivia, Iván Lima, emitió un comunicado calificando el fallo como “un acto de justicia y un precedente importante contra la impunidad” porque ”la decisión del juez Cohn se basa en la Ley de Protección a las Víctimas de la Tortura (TVPA) de 1992 y abre una línea de jurisprudencia para iniciar acciones civiles procesos en ese país contra los responsables de delitos de tortura y ejecuciones extrajudiciales perpetrados en países fuera de Estados Unidos”.

Sin embargo, los asesores legales de los acusados advirtieron que el fallo aún no es definitivo y que se pueden presentar apelaciones. Tras conocerse el fallo, la defensa jurídica de las ex autoridades informó que no es una decisión definitiva y que se prevé apelarla. El bufete de abogados Williams & Connolly dijo: “El fallo del tribunal de primera instancia del 5 de abril de 2021 no es la decisión final en este caso. No estamos de acuerdo con el fallo y planeamos apelar”, esperando “que la sentencia revertirse cuando los hechos se examinen cuidadosamente de acuerdo con el estándar legal apropiado”.