Un tribunal colombiano de la ciudad de Popayán prohibió el uso por parte de agentes del orden del sistema de lanzamiento de municiones Venom, se anunció.
La medida se produjo después de que el uso de dicho dispositivo por parte de la policía durante las protestas en Popayán generara fuertes críticas en todo el mundo. La orden judicial emitida el jueves establece que la suspensión se mantendrá hasta que se desarrolle un protocolo específico para manipular el dispositivo.
El Décimo Juzgado Administrativo de Popayán, Colombia, dictaminó que la Policía Metropolitana de la ciudad, la Dirección de Seguridad Ciudadana (Disec) y el Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) suspendan el uso del sistema de lanzamiento de municiones Venom, utilizado contra manifestantes de la Comité Nacional de Paro (CNP).
Esta medida fue tomada luego de que denuncias sobre las acciones del Esmad en las protestas del 12 de mayo, cuando miembros de la policía utilizaron el dispositivo contra los manifestantes, a quemarropa y desde una superficie plana.
Según la orden, el protocolo requerido debe tener ”la forma correcta de manipularlo (el dispositivo), es decir, en plataformas como vehículos terrestres o plataformas no tripuladas y no desde el suelo, aunque esté apoyado en un trípode.
La elaboración del protocolo debe cumplir con las condiciones establecidas, en general, por el Derecho Internacional Humanitario, la normativa internacional y nacional sobre el uso de armas no letales, dijo la orden judicial al convocar a todos los agentes del Esmad en Popayán a capacitarse, en base al protocolo que se emitirá a tal efecto, en el correcto uso del lanzador múltiple eléctrico Venom”.
La Corte estableció que el alcalde de Popayán, Juan Carlos López Castrillón, o quien ejerza sus funciones, debe supervisar y garantizar el cumplimiento de la orden y, una vez que se establezca el protocolo y capacitación de los funcionarios, será él quien autorice nuevamente su uso.
Según la organización no gubernamental (ONG) Temblores, hubo 3.789 casos de violencia policial, incluidos 45 asesinatos entre el 28 de abril y el 31 de mayo contra manifestantes que rechazan las políticas neoliberales del gobierno encabezado por Iván Duque, mientras que se han registrado 1.248 casos de violencia física. Se han reportado además 1.649 detenciones arbitrarias y 705 intervenciones violentas por parte de la fuerza pública, por lo que unas 65 personas han sufrido lesiones oculares, 187 por disparos y otras 25 fueron víctimas de violencia sexual.
En ese escenario, combinado con más de 90.000 muertes relacionadas con el covid-19 y contrariamente a lo que el sentido común parecería aconsejar, el Gobierno colombiano ha dado luz verde al regreso de eventos con grandes multitudes. El país ha aflojado gradualmente muchas restricciones impuestas en marzo del año pasado para controlar la propagación del coronavirus y ha revertido otras en ciertas ubicaciones el jueves, aunque el personal médico espera que los casos de coronavirus sigan siendo altos.
Ahora mismo lo que estamos proponiendo es una reapertura segura con condiciones que nos permitan avanzar gradualmente, a medida que crece la vacunación y las ciudades superan este tercer pico, dijo el ministro de Salud, Fernando Ruiz, en un comunicado, agregando que es posible un cuarto pico.
Ruiz explicó que las ciudades con tasas de ocupación de UCI superiores al 85% (que incluyen la capital Bogotá, Medellín y también Cali, con tasas superiores al 96%) seguirán teniendo algunas restricciones, pero otras áreas podrán organizar nuevamente eventos como conciertos y competiciones deportivas, aunque con audiencias limitadas al 25% de capacidad de los escenarios.
Se suspenderá el requisito de que los viajeros internacionales presenten una prueba de PCR negativa para ingresar a Colombia y las clases presenciales desde preescolar hasta la universidad se reiniciarán a partir del 15 de julio después de que el personal sea vacunado.
Colombia ha administrado hasta ahora más de 10,6 millones de dosis de vacunas, incluidas 3,3 millones de segundas dosis.