MercoPress. South Atlantic News Agency
Kast pone en marcha barreras fronterizas en el norte de Chile y endurece su agenda migratoria
Foto: AP/Esteban Felix El presidente de Chile, José Antonio Kast, inició el lunes en Chacalluta, en la región de Arica y Parinacota, las obras de control fronterizo prometidas durante su campaña, en una señal de que la política migratoria y de seguridad será uno de los ejes centrales de su gobierno. Según la Presidencia chilena, Kast inspeccionó los trabajos en la frontera y destacó el despliegue del Ejército para resguardar la zona.
Durante la actividad, el mandatario afirmó que el país comienza a “frenar la migración irregular”, en línea con la narrativa que lo llevó a La Moneda tras una campaña centrada en el control fronterizo, el crimen organizado y el narcotráfico. Informaciones difundidas el 16 y 17 de marzo indican que la intervención arrancó cerca del paso de Chacalluta, en la frontera con Perú, y forma parte de un plan más amplio que también contempla las regiones de Tarapacá y Antofagasta, incluyendo el sector de Colchane, limítrofe con Bolivia.
El plan oficial prevé barreras físicas en el norte del país, refuerzo de presencia militar y un aumento de la vigilancia tecnológica mediante drones, cámaras, sensores y otros equipos de monitoreo. Según declaraciones atribuidas al ministro del Interior, Claudio Alvarado, la infraestructura tendría una extensión aproximada de 500 kilómetros y un plazo de ejecución de 90 días, aunque el gobierno no había detallado aún toda la configuración final de esas obras.
La apuesta de Kast se produce en un contexto en el que los ingresos irregulares venían mostrando una caída sostenida antes de su llegada al poder. El Servicio Nacional de Migraciones (SERMIG) informó el 9 de marzo, al presentar su quinto reporte estadístico, que en 2025 se registraron 26.275 denuncias por ingresos por pasos no habilitados, por debajo de las 29.269 de 2024, lo que confirmó una tendencia descendente desde el máximo alcanzado en 2021. El organismo atribuyó esa evolución al efecto combinado de mayores controles fronterizos, coordinación interinstitucional y ajustes normativos aplicados desde 2022.
En paralelo, la estimación oficial más reciente sobre población extranjera residente, publicada por SERMIG, el INE y otros organismos del Estado, calcula en 337.000 las personas en situación migratoria irregular en Chile, dentro de una población extranjera residente habitual de alrededor de 1,9 millones al cierre de 2023. Esa estimación se construyó con registros administrativos, partes policiales, matrícula escolar, empadronamiento biométrico y datos de prórrogas de turismo vencidas.
El nuevo gobierno busca capitalizar políticamente ese escenario con una señal de control visible en la frontera. Kast sostuvo que Chile ha sido “vulnerado” en los últimos años por la inmigración ilegal, el narcotráfico y el crimen organizado, y su administración anunció además el envío al Congreso de proyectos para sancionar a quienes faciliten el ingreso irregular y para convertir en delito el acceso ilegal al país.
Aunque el endurecimiento fronterizo responde a una demanda instalada en parte de la opinión pública chilena, los datos oficiales muestran que la presión migratoria por pasos no habilitados ya venía descendiendo antes del cambio de gobierno. La nueva etapa, por tanto, abre un debate no solo sobre control territorial, sino también sobre la proporcionalidad y eficacia de una estrategia basada en infraestructura física, despliegue militar y mayor penalización del ingreso irregular.
