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Asilo de Alan García: ¿Por qué Uruguay?
García se encuentra siendo investigado en el marco de la causa Odebrecht por supuestamente haber aceptado sobornos 
“Uruguay tiene una larga tradición de asilo”, dijo Novoa este domingo a El Comercio El derecho de Asilo Territorial bajo el cual busca ampararse el ex presidente de Perú Alan García, investigado por la Justicia de su país, se enmarca en una convención firmada en Caracas, Venezuela que dispone que todo Estado perteneciente a la Organización de Estados Americanos (OEA) tiene derecho de admitir “a las personas que juzgue conveniente”. La esperanza de García se basa en que Uruguay tiene un historial de respeto a este derecho.
El asilo implica un derecho excepcional para quienes se consideran perseguidos políticos. Sin embargo, el tratado indica que “no es lícito conceder asilo a personas que al tiempo de solicitarlo se encuentren inculpadas o procesadas en forma ante tribunales ordinarios competentes”.
García se encuentra siendo investigado en el marco de la causa Odebrecht por supuestamente haber aceptado sobornos pagados por la constructora brasileña. Razón por la cual la Justicia peruana había prohibido el sábado que el expresidente saliera del país durante 18 meses.
Por su parte, Uruguay cumplió con el protocolo al pedir información al Estado peruano sobre la situación de la persona que pidió la solicitud antes de proseguir con la aceptación oficial de la solicitud de García, la cual ha sido respondido afirmativamente por el ministro de relaciones exteriores Rodolfo Nin Novoa en Montevideo en espera de la información que el gobierno de Martín Vizcarra se comprometió a enviar en las próximas horas.
“Uruguay tiene una larga tradición de asilo”, dijo Novoa este domingo a El Comercio.
Esta tradición ha llevado a Uruguay a otorgarle el asilo político en 1959 a un centenar de políticos cubanos del gobierno de Fulgencio Batista, luego de que triunfara la revolución de Fidel Castro; a un ex ministro de defensa paraguayo en 1999 en tiempos de revueltas políticas, a dos capitanes venezolanos tras el fallido golpe de estado contra Hugo Chávez en 2002 y -como último asilo concedido- a un teniente del régimen venezolano en 2005 que alegaba que era perseguido por el gobierno de su país.
Así lo explicó el abogado de García, el señor Erasmo Reyna, al indicar este lunes que su cliente solicitó el asilo político a Uruguay debido a su “vocación democrática del gobierno y de todo el país en general”.
El tratado firmado en Caracas en 1954, a pesar de no haber conseguido las ratificaciones suficientes, debe ser acatado a cabalidad por Perú y Uruguay al ser ambos firmantes de este. No obstante, Perú no está obligado a otorgar un salvoconducto que permita trasladar a García de la residencia del embajador uruguayo en Lima al país rioplatense.
