El derecho de Asilo Territorial bajo el cual busca ampararse el ex presidente de Perú Alan García, investigado por la Justicia de su país, se enmarca en una convención firmada en Caracas, Venezuela que dispone que todo Estado perteneciente a la Organización de Estados Americanos (OEA) tiene derecho de admitir “a las personas que juzgue conveniente”. La esperanza de García se basa en que Uruguay tiene un historial de respeto a este derecho.