La vicepresidenta electa de Argentina Cristina Fernández de Kirchner definió la causa en su contra por presunta corrupción en la obra pública como el ”caso paradigmático de lawfare (guerra jurídica) en la Argentina“, en referencia a ”la articulación de los medios de comunicación hegemónicos y el aparato judicial con el objetivo de demonizar y destruir a los líderes de los gobiernos populares”.
El derecho de Asilo Territorial bajo el cual busca ampararse el ex presidente de Perú Alan García, investigado por la Justicia de su país, se enmarca en una convención firmada en Caracas, Venezuela que dispone que todo Estado perteneciente a la Organización de Estados Americanos (OEA) tiene derecho de admitir “a las personas que juzgue conveniente”. La esperanza de García se basa en que Uruguay tiene un historial de respeto a este derecho.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos y fiscales generales de algunos estados se reunirán este mes para discutir sobre el temor a que las plataformas de redes sociales “sofoquen intencionalmente el libre intercambio de ideas”. En un comunicado del Departamento no se menciona a Facebook Inc y Twitter Inc, cuyos ejecutivos fueron llamados a declarar en el Congreso el miércoles, pero las firmas han sido duramente criticadas por el presidente Donald Trump y otros republicanos por lo que consideran un intento de reprimir opiniones conservadoras.
Bajo recomendación de la Asamblea Nacional Constituyente se recomendó al Ministerio Público y al Poder Judicial la excarcelación de más de 80 presos políticos. Al momento, se han liberado con medidas cautelares a 13 de ellos.
Paraguay y Argentina figuran entre los país de América con menor confianza ciudadana en el sistema judicial, según la última edición del Barómetro de las Américas, que realiza el Proyecto de Opinión Pública de América Latina (LAPOP). Los encuestados le otorgan un puntaje promedio de 32,7 sobre 100 y de 41.1 a Argentina. Entre los mejores se anotan Canadá, Uruguay, Costa Rica y Estados Unidos en ese orden.
El ex dictador Reynaldo Bignone fue condenado a la pena de 25 años de prisión por su responsabilidad en crímenes de lesa humanidad cometidos en la guarnición militar de Campo de Mayo durante la última dictadura y deberá cumplirlos en una cárcel común.