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Sistema judicial de Bolivia, entre los peores de la región y del mundo
En contraste, Uruguay, Chile y Costa Rica mantienen los niveles más altos de estado de derecho Bolivia se ubicó entre los países peor clasificados del mundo en el Índice de Estado de Derecho 2025 del Proyecto Mundial de Justicia (WJP), ocupando el puesto 131 de 143 naciones evaluadas. Este desempeño se debe a graves deficiencias en la independencia judicial, la corrupción y la falta de rendición de cuentas del gobierno.
El estudio consolidó la posición de Bolivia como uno de los países con mayores desafíos institucionales en América Latina, con una puntuación general de 0,37 sobre una escala de 0 a 1, situándose por debajo del promedio regional y mundial en los ocho factores evaluados por el WJP.
La corrupción es uno de los problemas más graves, donde el país obtuvo una baja puntuación de aproximadamente 0,23. El WJP constató que está generalizada y afecta a las instituciones judiciales, policiales y administrativas en diversos niveles del aparato estatal.
Además, el estudio advirtió sobre un marcado deterioro de la independencia judicial y la falta de control efectivo sobre el poder ejecutivo. El índice también constató que las instituciones responsables de supervisar el poder político presentan vulnerabilidades estructurales que limitan su capacidad para aplicar sanciones efectivas y garantizar la rendición de cuentas. Estas debilidades comprometen directamente el estado de derecho al limitar la capacidad de supervisión de los organismos diseñados para tal función.
Por otra parte, se detectaron deficiencias significativas en el acceso a la justicia y la protección de los derechos fundamentales, incluyendo deficiencias en el sistema de justicia penal, retrasos en los procesos judiciales y una extendida falta de confianza pública en los tribunales del país.
El desempeño de Bolivia se sitúa por debajo del de casi todos sus pares, obteniendo puntuaciones inferiores al promedio latinoamericano en prácticamente todos los indicadores. En contraste, líderes regionales como Uruguay, Chile y Costa Rica mantienen los niveles más altos de estado de derecho.
El informe WJP 2025 constituye una llamada de atención crucial para el gobierno y las instituciones estatales, enfatizando la urgente necesidad de reconstruir la confianza pública y fortalecer la gobernanza democrática.
