La medida de Petro ha sido considerada una farsa para condicionar la votación del próximo año El presidente colombiano, Gustavo Petro, anunció este lunes un histórico aumento del 23,7% en el salario mínimo para 2026, el mayor ajuste al alza en 25 años. La medida incluye los subsidios al transporte.
Según la decisión del mandatario, el nuevo salario mínimo mensual pasó de 1.623.500 pesos colombianos (US$422) a 2.000.000 de pesos colombianos (US$520), tras otros aumentos significativos durante el actual gobierno izquierdista, incluido un incremento del 16% en 2023, lo que da un acumulado del 42,4% en los últimos tres años.
Petro y el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, presentaron la medida como una forma de reducir la desigualdad y proteger el poder adquisitivo de la clase trabajadora. Argumentaron que los salarios deben garantizar condiciones de vida dignas, citando el mandato constitucional que exige un salario vital.
Con una inflación proyectada del 4% para 2026, los expertos advierten que un aumento salarial del 23,7% obligará a las empresas a subir los precios, lo que podría crear un círculo vicioso. Además, casi el 50% de los trabajadores colombianos se encuentran actualmente en el sector informal, lo que alimenta el temor de los analistas de que los altos costos laborales impidan que las pequeñas empresas contraten según las normas.
El anuncio se produce tan solo una semana después de que Petro declarara el Estado de Emergencia Económica por 30 días debido a un déficit fiscal de aproximadamente US$4.200 millones, tras el rechazo del Congreso a su proyecto de reforma tributaria.
Además, Colombia se encamina a las elecciones presidenciales del 31 de mayo. Si bien el propio Petro tiene constitucionalmente prohibida la reelección, los críticos consideran que este drástico aumento salarial es una medida populista para reforzar el apoyo a su movimiento político. Expertos de la Universidad Javeriana y el Observatorio Fiscal advierten que este incremento añade aproximadamente 10 billones de pesos colombianos al año al gasto público, principalmente porque los salarios y pensiones del sector público están legalmente atados al salario mínimo, lo que también genera un incremento para altos funcionarios y legisladores, contradiciendo así el discurso de Petro sobre la reducción de la desigualdad.
El Banco Central de Colombia (BanRep) había proyectado una inflación del 3,6% para 2026. Los economistas temen que este shock en la economía obligue al banco a mantener tasas de interés altas para combatir una nueva ola inflacionaria, lo que podría frenar el crecimiento proyectado del PIB del 2,6%.
Por su parte, las asociaciones empresariales han reaccionado con indignación, calificando el proceso de negociación de farsa, en torno al cual se espera que gire la campaña electoral de 2026.