MercoPress. South Atlantic News Agency
Embajadas de EE UU monitorearán políticas migratorias en Latinoamérica
La administración Trump continúa alejándose de las políticas del gobierno de Biden El Departamento de Estado de EE UU instruyó formalmente a sus embajadas en Latinoamérica para que monitoreen e informen sobre las políticas gubernamentales que fomentan o facilitan la migración masiva, según se anunció este martes.
La medida marca un giro hacia la rendición de cuentas de los gobiernos del hemisferio occidental por los flujos migratorios que Washington considera una amenaza tanto para los derechos humanos regionales como para su seguridad nacional.
En un comunicado en redes sociales, el Departamento de Estado describió un nuevo mandato para los diplomáticos en la región. Las embajadas ahora tienen la tarea de identificar las acciones de los gobiernos locales que “facilitan la migración masiva” o “priorizan a los migrantes sobre los ciudadanos”, documentar los abusos de derechos humanos y la actividad delictiva presuntamente derivada de la migración descontrolada y las redes que la posibilitan, e instar a los líderes regionales a fortalecer sus propias fronteras para proteger a sus ciudadanos de los “estragos” causados por las organizaciones criminales transnacionales.
“La migración masiva y las redes criminales que la facilitan causaron estragos en Estados Unidos antes de que el presidente Trump reforzara la seguridad fronteriza”, señaló el Departamento de Estado. La medida surge tras un informe del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) que describe 2025 como un año de “logros sin precedentes” en la aplicación de la ley migratoria. Desde que asumió el cargo en enero, el presidente Donald Trump ha implementado medidas enérgicas.
Aproximadamente 605.000 personas fueron deportadas formalmente. Además, el DHS afirma que 1,9 millones de inmigrantes indocumentados abandonaron el país voluntariamente, mientras que se han impuesto prohibiciones de entrada parciales o totales a ciudadanos de unos 40 países.
Este enfoque de “seguridad ante todo” representa un cambio radical con respecto a las políticas de la administración de Joseph Biden, que se centraba en las “causas fundamentales” de la migración —como la corrupción, la falta de oportunidades económicas y la violencia— mediante programas de ayuda regional y desarrollo económico. Este cambio abrupto ha generado mayor fricción entre la Casa Blanca y los grupos de derechos humanos.
