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Suprema Corte da razón a Trump y limita ingreso desde seis países alegando razones de “seguridad nacional”
Por cinco votos a cuatro, la corte consideró válida la última versión del decreto, que afecta el ingreso de ciudadanos de cinco países mayoritariamente musulmanes 
El gobierno de Trump consideró el decreto una medida necesaria ante las preocupaciones por la seguridad nacional. La Corte Suprema de Estados Unidos validó el martes el decreto del presidente Donald Trump que pone obstáculos al ingreso de ciudadanos de seis países y funcionarios específicos de Venezuela, en una clara victoria de la Casa Blanca.
Por cinco votos a cuatro, la corte consideró válida la última versión del decreto, que afecta el ingreso de ciudadanos de cinco países mayoritariamente musulmanes (Irán, Libia, Somalia, Siria y Yemen), así como de Corea del Norte, y también de algunos funcionarios específicos de Venezuela. El gobierno de Trump consideró el decreto una medida necesaria ante las preocupaciones por la seguridad nacional.
“En resumen, el lenguaje... es claro y el decreto no excede ningún límite de la autoridad del presidente”, escribió el juez John Roberts.
La versión aprobada del decreto aplica a unas 150 millones de personas, habitantes de los seis países, siendo considerado “anti-musulmán” por sus opositores.
“Guao” tuiteó Trump tras conocerse la decisión. “Esta decisión también es un momento de profunda reivindicación, luego de meses de histéricos comentarios de los medios y políticos demócratas que se negaron a hacer lo necesario para proteger nuestra frontera y nuestro país” , afirmó luego en una declaración.
“El Estado presentó una justificación suficiente en términos de seguridad nacional”, afirma Roberts en su fundamentación. El texto en cuestión es la tercera versión de un decreto que había provocado una ola de rechazo mundial luego de ser puesta abruptamente en vigor por la Casa Blanca el 27 de enero de 2017, una semana después de que Trump asumiera la presidencia.
Durante una audiencia solemne consagrada al texto en abril, los cuatro jueces progresistas del alto tribunal expresaron su preocupación por las acusaciones de que se trataba de una medida contra los musulmanes, cuando la constitución estadounidense prohíbe la discriminación religiosa.
“Un observador razonable concluiría que el decreto está motivado por un prejuicio anti musulmán”, escribió por su parte la magistrada Sonia Sotomayor, en su argumentación en contra adjuntada a la resolución, probablemente la más importante que haya tomado la Suprema Corte en el año.
Trump afirma desde su llegada a la Casa Blanca que puede restringir el acceso al país si lo considera necesario, en nombre de la seguridad nacional. “La Suprema Corte apoyó la clara autoridad del presidente para defender la seguridad nacional de Estados Unidos” contra los “terroristas extranjeros”, reiteró en su declaración.
Sin embargo, luego de los atentados del 11 de setiembre de 2001, los ataques más graves en Estados Unidos fueron cometidos por estadounidenses o por personas que no provenían de los seis países afectados por el decreto.
La Unión estadounidense por las libertades civiles (ACLU), que lideró la oposición contra el decreto, había intentado probar la existencia de prejuicios anti musulmanes persistentes en Trump, recordando su promesa de campaña de prohibir la entrada a Estados Unidos a los musulmanes. Una declaración que provocó alarma planetaria.
Trump había retuiteado en noviembre videos islamófobo de una dirigente de un grupo neofascista británico. Las diferentes versiones del decreto anti migratorio fueron objeto de una dura batalla ante los tribunales estadounidenses, con múltiples repercusiones en primera instancia y apelación.
La tercera no escapó a la regla: el texto firmado el 24 de setiembre había sido suspendido el 17 de octubre por un juez de Hawai. Un tribunal de Maryland también había bloqueado la medida.
Decenas de asociaciones de defensa de los emigrantes o entidades religiosas tomaron posición en el debate.
“Debemos dejar muy claro a nuestros congresistas: si no toman medidas para revocar o desmantelar la prohibición anti musulmana de Trump, no están defendiendo los principios más elementales de libertad e igualdad de este país” , afirmó en una declaración, Omar Jadwat, director del Proyecto de derechos de los inmigrantes de la ACLU.
