MercoPress. South Atlantic News Agency
Argentina se adhiere al tratado de la FAO contra la pesca ilegal y refuerza el control en el Atlántico Sur
El área se encuentra atravesada por la disputa de soberanía entre Argentina y el Reino Unido en torno a las Falklands/Malvinas Argentina promulgó el 17 de julio la ley que aprueba su adhesión al Acuerdo sobre Medidas del Estado Rector del Puerto (PSMA) de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), un paso relevante para la gobernanza pesquera en el Atlántico Sudoccidental. El tratado, en vigor desde 2016, es el único instrumento internacional vinculante diseñado específicamente para combatir la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR).
El acuerdo busca prevenir, desalentar y eliminar ese tipo de pesca impidiendo que los buques implicados accedan a los puertos y desembarquen sus capturas, con lo que se bloquea el ingreso de productos de origen ilícito a los mercados nacionales e internacionales. Sus más de cien partes —entre ellas flotas de gran escala como las de la Unión Europea y China— deben aplicar controles reforzados, inspecciones e intercambio de información, tanto a los buques de bandera extranjera como a sus propias flotas.
La adhesión se produjo pocos días después de que Buenos Aires acogiera un taller regional por el décimo aniversario del tratado, y se suma a la incorporación de Argentina, en febrero, al Acuerdo de Ciudad del Cabo de la Organización Marítima Internacional, sobre seguridad de los buques pesqueros. Con este paso, Argentina se alinea con Chile y Uruguay, también partes del PSMA, de modo que buena parte de la costa del Cono Sur queda cubierta por el mecanismo. Según la organización The Pew Charitable Trusts, que promueve la cooperación contra la pesca ilegal en la región, la coordinación entre estos países permitirá una implementación conjunta y dificultará que los operadores irregulares comercialicen capturas ilícitas.
El Atlántico Sudoccidental es una de las zonas de mayor actividad pesquera del mundo, con presencia de grandes flotas de aguas distantes que operan en alta mar, en el límite de la zona económica exclusiva argentina. Especies de alto valor como el calamar, la merluza y el langostino son objeto de captura intensiva en la región.
El área se encuentra atravesada por la disputa de soberanía entre Argentina y el Reino Unido en torno a las Falklands/Malvinas. Argentina no reconoce la zona de conservación pesquera que administra el Gobierno de las islas, y ambas partes gestionan por separado stocks compartidos, lo que ha dificultado durante años una regulación coordinada de la actividad en el Atlántico Sur. La adhesión al PSMA se refiere al control portuario de buques de bandera extranjera y no modifica las posiciones de las partes sobre la soberanía.
La incorporación de Argentina fue presentada por sus impulsores como una señal de mayor transparencia y cooperación en el sector pesquero, en un contexto en el que los Estados rectores de puerto se consideran actores clave para cerrar el acceso de las capturas ilegales al comercio internacional.
