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La Fiscalía boliviana ratifica que pedirá 20 años de cárcel para Evo Morales por trata de personas
Los seguidores de Morales tienen previsto sumarse a las movilizaciones convocadas por la Central Obrera Boliviana hacia La Paz El Ministerio Público de Bolivia ratificó este martes que mantendrá su solicitud de 20 años de prisión para el expresidente Evo Morales (2006-2019) por el delito de trata agravada de personas, en un proceso que avanza pese a la ausencia del exmandatario y a una nueva orden de detención emitida en su contra tras su incomparecencia a la audiencia del lunes. La Fiscalía sostiene que Morales mantuvo, durante su segundo mandato, una relación con una adolescente de 15 años, fruto de la cual nació una niña, y que los padres de la menor habrían consentido el vínculo a cambio de favores políticos y mejoras económicas.
El expresidente permanece refugiado desde hace 18 meses en el Trópico de Cochabamba, su bastión histórico, desde donde se cursó la primera orden de búsqueda y captura. Su negativa a presentarse ante el Tribunal Primero de Sentencia Penal de Tarija provocó la reactivación judicial del expediente y la confirmación de la pena solicitada por la Fiscalía Departamental. “No busco la impunidad, sólo exijo un proceso imparcial, legal y apegado a la Constitución y al Derecho Procesal. Ningún ciudadano puede ser condenado jurídica y mediáticamente”, afirmó el exmandatario en sus redes sociales.
La defensa del líder cocalero apuesta como principal línea de argumentación a una declaración de la víctima en la que asegura que el expresidente no figura entre los presuntos tratantes, un memorial presentado previamente al Juzgado contra la Violencia hacia las Mujeres en el que solicita la anulación del proceso. Morales conserva el respaldo de un núcleo radicalizado de seguidores en el Chapare y del actual gobernador de Cochabamba, uno de sus aliados políticos más visibles tras la ruptura interna del Movimiento al Socialismo.
El nuevo capítulo judicial coincide con una etapa de fuerte presión política para el Gobierno del presidente Rodrigo Paz, en funciones desde noviembre, cuyos opositores han bloqueado carreteras de acceso a La Paz para provocar desabastecimiento de alimentos y forzar su caída pese a los seis meses transcurridos desde la asunción. “¿De dónde viene esto? Viene del Trópico [de Cochabamba], están moviendo con plata a la gente. Están utilizando este tipo de recursos y prácticas para perjudicar al país después de cómo lo dejaron”, declaró el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, en una alusión directa al entorno del expresidente.
Los seguidores de Morales tienen previsto sumarse a las movilizaciones convocadas por la Central Obrera Boliviana hacia La Paz, en un cuadro que combina la disputa judicial sobre el pasado del ex jefe de Estado con la disputa política inmediata por la gobernabilidad de la administración Paz. El expediente reúne más de 170 elementos probatorios. La identidad de la presunta víctima, menor de edad al inicio de los hechos investigados, ha sido difundida en parte por medios bolivianos y omitida por organismos internacionales que aplican estándares de protección a víctimas de explotación sexual.
