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Nicaragua tramita una reforma que llevaría el mandato presidencial a siete años renovables
Daniel Ortega afirmó el 19 de julio, en el acto por el 47 aniversario de la revolución sandinista, que “aquí no volverá a haber elecciones” La Asamblea Nacional de Nicaragua inició esta semana consultas sobre un proyecto de reforma constitucional que ampliaría el periodo presidencial de seis a siete años con carácter renovable y establecería restricciones a la participación de los adversarios del gobierno. El texto se votaría a principios de septiembre.
La reforma requiere aprobación en dos legislaturas, por lo que su ratificación se produciría en el primer semestre de 2027. Es el segundo cambio constitucional en año y medio: la enmienda de febrero de 2025 ya había extendido el mandato de cinco a seis años, creado la figura de copresidenta para Rosario Murillo y modificado la estructura del Estado, cambios criticados por la ONU, la OEA, Estados Unidos, el Parlamento Europeo y la oposición. Esa reforma desplazó las elecciones generales previstas para noviembre de 2026 a noviembre de 2027.
El alcance de la iniciativa es objeto de interpretaciones opuestas. Daniel Ortega afirmó el 19 de julio, en el acto por el 47 aniversario de la revolución sandinista, que “aquí no volverá a haber elecciones”, y anunció leyes que pongan “un muro” a quienes califica de golpistas. El presidente del Parlamento, Gustavo Porras, sostuvo posteriormente que sí habrá comicios, aunque bajo un marco constitucional que los proteja de la injerencia extranjera. El contenido íntegro del proyecto no ha sido difundido.
Durante las consultas en el Parlamento, Porras señaló que la propuesta fija también en siete años los periodos de nombramiento del comandante en jefe del Ejército y de los jefes policiales. Murillo indicó que el proceso fue compartido con el cuerpo diplomático y que se consultará con todos los sectores antes de su aprobación.
Las declaraciones de Ortega motivaron reacciones internacionales. El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, lanzó un llamado a la acción a los países de la región el 21 de julio. Panamá y República Dominicana llamaron a consultas a sus embajadores en Managua, y también hubo críticas de Luiz Inácio Lula da Silva. Los gobiernos de México y El Salvador no se han pronunciado. Según El País, el embajador estadounidense ante la OEA, Andrew Stevenson, pidió una reunión de cancilleres para deliberar sobre medidas colectivas, y precisó que la resolución que impulsa no autoriza el uso de la fuerza armada. Nicaragua anunció su retiro de la OEA en 2021 y este se hizo efectivo en noviembre de 2023.
Una consulta de la organización opositora en el exilio Hagamos Democracia situó en 44,9% la preferencia por una intervención más directa de Estados Unidos u otros actores internacionales. La propia organización admite que no definió el término y que el cuestionario partía de declaraciones previas de Rubio; no constan tamaño de muestra ni margen de error. Un 38,9% de los consultados anticipó que una mayor presión endurecería la represión.
El contexto regional cambió tras la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro en enero, en una operación militar estadounidense en Caracas, a la que Ortega aludió críticamente en su discurso.
